El encarcelamiento de dos jóvenes militantes de la izquierda abertzale en Araba reproduce una práctica del pasado que algunos agentes quieren perpetuar en presente y proyectar a futuro con dudosas intenciones. La investigación de la Ertzaintza buscando huellas en un bidón con material pirotécnico hallado casualmente muestra un exceso de celo muy poco habitual en otros casos y difícilmente explicable en estos tiempos en que la kale borroka ha desaparecido por completo. Llevado a un tribunal especial como la Audiencia Nacional, en el que la norma es encarcelar antes de probar, pese a la debilidad de los argumentos policiales ese informe tenía riesgo notorio de acabar así: con unas órdenes de prisión que nada arreglan y a nadie benefician.

Quienes insisten en reproducir la farsa de que nada ha cambiado en este país cada vez lo tienen más difícil. Esta misma semana se ha juzgado en París a David Pla e Iratxe Sorzabal, delegados de ETA para la resolución desde 2010, y las sesiones han reflejado la realidad del proceso que los estados pretendieron sabotear sin conseguirlo. A la vista de la sentencia (cinco y siete años, menos de lo solicitado por la Fiscalía), es posible que el tribunal recoja en el fallo aún por publicarse parte del testimonio de los dos presos vascos. Nada de ello es previsible en una Audiencia Nacional indiferente al paso de los tiempos y a la evolución política y social, un tribunal especial que tiene grabada en piedra su misión de castigar a la disidencia vasca.

En cuanto a la Ertzaintza, es imposible dejar de recordar que hace apenas un mes un vecino de Amurrio, curiosamente el pueblo de uno de estos dos jóvenes, disparó fuego real contra la vivienda de una familia de la izquierda abertzale. Innegablemente suponía un ataque político más grave que cualquier presunto sabotaje. Ese hombre, un expolicía, ni siquiera fue detenido por ello, en un alarde de garantismo con el que estos dos jóvenes independentistas hoy estarían durmiendo en sus casas.