Un efecto colateral de la pandemia ha sido la limitación de las manifestaciones. Todo es muy complicado y difícil en esta situación, y la movilización política no es una excepción. Deliberar sobre las alternativas posibles y eficaces, sobre las fórmulas para cumplir las normas y los objetivos de cada iniciativa, la responsabilidad añadida, la dificultad logística de las convocatorias… todo es más complicado ahora. Pero ejercer los derechos políticos siempre será esencial.

Por eso, también es reseñable la determinación de miles y miles de personas que, por encima de pandemias y borrascas, se movilizaron ayer para demandar una solución urgente y viable a la situación de los presos y presas políticas vascas. De la mano de Sare, apoyada por fuerzas, colectivos y personalidades de distinto origen ideológico, bagaje histórico y ambiciones políticas, en más de 240 pueblos y barrios de toda Euskal Herria, en localidades donde apenas ha habido movilizaciones de carácter político en mucho tiempo, ayer se vivió una jornada especial.

Unos vienen movilizándose en estas fechas desde hace muchos años y otros se han ido sumando. No solo porque este es el sitio en el que hay que estar desde un punto de vista ético, por razones humanitarias o políticas. Los y las jóvenes que, por ejemplo, ahora tiene 16, 20 o 24 años y se movilizaron ayer, en 2011, el año de la Conferencia de Aiete y la decisión de ETA de dejar de lado la lucha armada, tenían 6, 10 o 14 años. En su proceso de politización no han conocido a ETA activa, pero sí a presos y presas alejadas a miles de kilómetros de sus familiares, que son castigados sin razón.

En este periodo han vivido la muerte de cinco presos vascos, la mayoría lejos de sus casas, y otros dos fallecimientos en prisión atenuada. Sin ir tan atrás, en este año de pandemia han visto morir en Martutene a Igor González Sola, que cumplía todas las condiciones para no estar en prisión. También han conocido la muerte de Asier Aginako, liberado solo tras comprobar que la enfermedad que padecía no tenía cura. A veces, la muerte no se puede evitar. La injusticia, sí. Para ello hace falta voluntad y no dejarse guiar por la crueldad. Querer de verdad que no haya más muertes.

En todo caso, los familiares de los presos políticos vascos nunca debieron ser castigados, bajo ningún concepto. 16 han muerto yendo a visitar a sus allegados. Una tragedia que sigue sin ser reconocida como debe por las instituciones y las fuerzas que decidieron esas políticas.

Las inclemencias meteorológicas de estos días pusieron ayer un escenario apropiado para pensar y reafirmarse en que no es admisible que nadie tenga que coger un coche y hacer cientos de kilómetros para visitar a sus familiares en prisión. Ninguna de las justificaciones que se daban a la política penitenciaria que se aplica a los presos y presas vascas tiene vigencia hoy en día. No siguen órdenes de ETA porque esa organización se deshizo hace más de dos años y medio. Los miembros de EPPK han aceptado las vías judiciales y cumplen todos los requisitos para recuperar cuanto antes la libertad.

Ese es el horizonte, que no se debe dilatar. Entre otras razones, porque la resolución política de los conflictos siempre debe ser parte de un agenda democrática. Tampoco se debe olvidar que la impunidad de la violencia de los poderes del Estado español es lo que les ofrece a algunos el permiso y el lujo de ser inmovilistas.

Digan lo que digan los grupos de presión que igualan venganza y justicia, en un Estado de derecho, la libertad es lo único que debería quitársele a un preso. El resto de castigos, ejemplarizantes o vengativos, no responden a la justicia, sino a otras razones políticas, de estrategia antiinsurgente en este caso. En la mayoría de sistemas carcelarios es por segregación, clasismo y racismo. En un país tan marcado por la cárcel, la competencia de prisiones debería impulsar otro modelo, uno que no admita la constante muerte de presos en Zaballa.

Es evidente la importancia que tiene resolver la cuestión de presos y presas para cerrar de manera ordenada y cabal la fase histórica marcada por la violencia política, y poder así avanzar como sociedad hacia una nueva etapa en la que todas las personas tengan garantizados todos los derechos. De ahí la resistencia entre los enemigos de la justicia, la democracia y la paz. Entre los privilegiados cuyas ideas no se juzgan porque son ley.

Un gran impulso sociopolítico y ético ha vuelto a lograr una movilización inédita en favor de los derechos de los presos y presas y contra una política penitenciaria vengativa y obsoleta. Una gran movilización por una ciudadanía más comprometida, por una sociedad más justa, por un pueblo más libre, por un futuro mejor.