Un informe de Osakidetza estima que en 2020 se dejaron de diagnosticar casi 2.000 tumores debido a que la pandemia alteró los planes de detección precoz. El informe reconoce que ese descenso conllevará un aumento de la mortalidad a medio-largo plazo. Hay quien ha puesto en duda el colapso sanitario durante la pandemia, olvidando deliberadamente que no solo hay que mirar a las camas de UCI ocupadas por pacientes de covid-19, sino que también hay otros indicadores, como este, que señalan de modo trágico los límites del sistema sanitario.

Efectivamente, el dato, que resulta espeluznante, nos recuerda que hay otros efectos inducidos por la pandemia que habitualmente no se suelen computar en el recuento de daños. Pero el informe también invita a la reflexión puesto que la detección precoz no ha sido el único programa afectado por las urgencias de la pandemia; muchas cirugías y otros tratamiento considerados no urgentes también se han retrasado, lo que sin duda ha tenido y tendrá consecuencias, sino en la vida, sí en la calidad de vida de muchas personas enfermas. La gran cantidad de intervenciones suspendidas vuelve a poner de relieve la escasez de medios que sufre el servicio público de salud de la CAV, algo que, por otra parte, ha sido reiteradamente denunciado por sindicatos y trabajadores. A la falta de medios hay que añadir las nefastas decisiones políticas que han llevado, por ejemplo, a que Onkologikoa, un centro puntero en el tratamiento precisamente del cáncer, permanezca ocioso.

El tono del informe sugiere que se trata de otra fatalidad más fruto de las imponderables fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, ese intento no puede ocultar el problema político de fondo, que tiene unos responsables políticos concretos: la falta de previsión, los recortes, la precariedad de las plantillas, la escasez de medios y el afán por desmantelar Onkologikoa. La escasez de medios, unida a la mala gestión del servicio público de salud, cuesta vidas.