El Tribunal Constitucional ha tumbado la supresión del subsidio de excarcelación, una medida implantada por el Gobierno español en 2014, tras la sentencia contra la llamada «Doctrina Parot», a través de la habitual maquinaria de excepcionalidad empleada contra presos y presas, incluso después de acabar sus condenas. La iniciativa, que partió de UPyD –formación a día de hoy ya irrelevante– y fue abrazada por el PP, se impuso a través de la Ley de Presupuestos Generales. Una vía que el TC confirma como improcedente, por lo que sin necesidad siquiera de entrar al fondo del asunto anula la decisión de suprimir la prestación de 426 euros a la que toda persona excarcelada tienen derecho durante un periodo máximo de 18 meses. Haciendo alarde de su talante más vengativo y sus más espurios propósitos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy estableció su anulación para expresos condenados por delitos de «terrorismo» y lo intentó camuflar añadiendo otros como el de «pederastia».

Lamentablemente, estos hechos no sorprenden en Euskal Herria aunque no por eso dejan de ser indignantes. La cuestión concreta de la denegación del subsidio a expresos fue criticada incluso por el PSOE, al que no se le presume precisamente una actitud proactiva para resolver estas consecuencias del conflicto. La maniobra ejecutada por PP y UPyD parte de los instintos más bajos de un Estado malacostumbrado a pisotear los derechos humanos, pero es además de una torpeza infinita. Negar el subsidio a personas recién excarceladas que no disponen de los recursos mínimos no solo es denigrante en sí mismo, sino que tira piedras contra el tejado de sus propios discursos al atacar principios como el de la reintegración en la sociedad.

Desde Euskal Herria, la mejor respuesta sería poner en la agenda de las soluciones la situación de estas personas a las que Madrid quiere castigar a la condena infinita. Una labor que hoy día realizan de modo encomiable colectivos como Harrera, pero que merece mayor acompañamiento.