La verdad es una palabra rotunda, sin aristas ni resquicios, hasta que se la mira de cerca. Frente a la concepción religiosa de verdad y a su heredera ilustrada, el pluralismo aclara que no existen tales verdades puras. Eso no le resta valor, no la desprecia, no la convierte en cualquier cosa, tan solo la pone en su sitio. No hay que ser un relativista para entender que la verdad tiene adjetivos y no hay que ser anarquista para admitir que «judicial» es sólo uno de ellos. Es decir, que la verdad ni comienza ni termina donde la establecen los tribunales. No puede, no debe.

La verdad periodística es, entre otras muchas cosas, aquella que saca a la luz lo que los poderes no quieren que se sepa. Subyugar esa verdad a la verdad jurídica es, por definición, asfixiarla, hacerla inviable. Eso no es periodismo, como mucho sería un boletín oficial.

Lo cual no quiere decir que se pueda escribir cualquier cosa, ni mucho menos. Pero nuestro relato periodístico sobre lo que sucedió la noche en la que Iñigo Cabacas murió por el disparo de un ertzaina es veraz, contrastado, riguroso, verosímil, respetuoso con los hechos y las personas, y crítico con los responsables de aquella tragedia. Así ha quedado acreditado en el juicio por la denuncia que «Ugarteko» puso contra los periodistas de GARA y la abogada de la familia Cabacas.

La relación entre impunidad y censura

La voluntad de censura es inherente al poder. Y la impunidad la abona. Como bien saben los lectores, recientemente un informe oficial del Gobierno de Lakua ha determinado en base a un estudio criminológico que en las últimas cinco décadas ha habido como mínimo 4.113 casos de tortura en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Al menos dos verdades se han establecido así: una científica, basada en un método homologado y verificable, y otra ético-política, basada en el compromiso de las instituciones con la memoria y los derechos humanos. Ambas confluirán antes o después en una verdad histórica.

Una de las cuestiones que aclara ese informe es que la tortura ha gozado de impunidad, que no ha sido ni investigada ni castigada, que incluso se ha condonado las escasas veces en las que ha sido descubierta y penada. No hay, por lo tanto, una verdad judicial sobre esta realidad, cruelmente verdadera como pocas. En términos jurídicos, no hay culpables ni responsables, no hay condenas y, en consecuencia, ni siquiera existirían víctimas.

También se puede decir de otra manera: no es que no haya verdad jurídica, es que no hay justicia. Porque todos sabemos que se ha torturado. Ahora sabemos que ha sido al menos en 4.113 ocasiones, y que han sido mayormente guardias civiles y policías, y en menor medida ertzainas, y sabemos lo que les han hecho a las personas detenidas.

Claro que los torturadores y sus defensores no quieren que se hable de esto, que se publiquen nombres o casos, y que esgrimen esa falta de verdad jurídica como excusa para no asumir su responsabilidad. La de la prensa es que no quede impune, que se sepa la verdad.

Responsabilidad, responsabilidades

Pretender que la verdad periodística se limite a la jurídica es inaceptable, va contra la esencia del periodismo y contra la libertad de prensa. De lo contrario, ¿se debería condenar a los medios que en la muerte de Iñigo Cabacas sostuvieron la versión de la reyerta, por inverosímil que fuese desde un primer momento? En nuestra opinión, de ninguna manera. Las consecuencias de esta dinámica en el plano de la jurisprudencia serían letales para la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Que «Ugarteko» no esté por ahora imputado por la muerte del joven Cabacas le puede eximir de responsabilidad penal, algo que no es definitivo y que en todo caso se podrá criticar. Pero eso no le exime de responsabilidad en ese nefasto operativo, ni diluye la sospecha de sectarismo, ni tapa la falta de empatía con el sufrimiento de la familia Cabacas, que esta semana ha adquirido cotas inhumanas. El ánimo de lucro desorbitado refleja falta total de medida y honestidad. El cuestionamiento del derecho a la defensa es escandaloso de por sí.

Por todo ello, los medios y la sociedad civil tienen pleno derecho a sostener que su actitud aquella noche debería tener consecuencias a la altura de sus responsabilidades. Una responsabilidad a la que no escapan un cuerpo policial y un Gobierno que, si hasta ahora no eran del todo conscientes, tras esta semana deberían reflexionar seriamente sobre qué han hecho con el caso Cabacas y qué deben hacer con el caso «Ugarteko».