La manifestación de ayer en Iruñea supuso un paso importante en la denuncia de la tortura y, especialmente, en el reconocimiento a las personas torturadas durante las últimas décadas en Nafarroa. En ese tiempo, todo el mundo sabía que cuando las FSE arrestaban e incomunicaban a una persona, las opciones de que sufriese malos tratos eran muy grandes.

Una parte de la sociedad navarra sufrió esa amenaza, otra miró para otro lado, y no faltó quien justificó esta violación de derechos humanos. Los gobernantes asumieron aquella estrategia, permitiendo y cooperando en estos delitos. Solo así fue posible semejante barbaridad y solo así se puede entender la impunidad posterior. En la marcha de ayer hubo una relevante representación institucional y social, lo cual supone un cambio y tiene un gran valor.

Un sistema criminal organizado y engrasado

Bajo la «ley antiterrorista», el régimen de incomunicación permitía que, como mínimo, los policías amenazasen, golpeasen y atemorizasen a los detenidos durante días. De ahí en adelante, esas personas perdían todos sus derechos y caían en un sistema sofisticado de tormento. Los jueces lo facilitaban, los forenses lo permitían y los medios de comunicación lo ocultaban o lo justificaban. Se instauraba una versión oficial –«se ha autolesionado», «siguen la directriz de denunciar» o «existe un manual»– y se apuntalaba.

El objetivo de la tortura era romper a la persona, que se autoinculpase y culpase a otros de delitos que podían, o no, haber cometido. Un segundo objetivo era aterrorizar a la sociedad, en especial a la juventud y a sus familias, para que no «entrasen en política».

La tortura en Euskal Herria pasó por diferentes etapas, desde el salvajismo del franquismo hasta la barbaridad monitorizada del nuevo milenio. Se depuró el método, se sistematizó el tormento, se perfeccionó el encubrimiento. Más de 1.000 casos en Nafarroa, más de 5.000 en todo el país, sin un solo torturador arrestado ni encarcelado.

Justicia transicional peculiar

Pero el objetivo ahora, lo dicen los propios torturados y torturadas, no es volver atrás, sino mirar hacia adelante. En esta iniciativa no hay afán de venganza. Hay una voluntad de convivencia, y para ello defienden que hay que saber qué paso, tiene que haber un reconocimiento y una reparación. Esa es, además, la mejor base para que no vuelva a suceder.

Es un ejemplo peculiar de justicia transicional, porque no se basa en un acuerdo de resolución homologado por organismos internacionales, sino que parte de la voluntad y magnanimidad de las víctimas de la violencia estatal. Renuncian al punitivismo y apuestan por la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, lo que conforma una justicia ajena a la crueldad. La sociedad civil vasca vuelve así a demostrar imaginación, serenidad y perseverancia suficientes para desbloquear injusticias y convertir situaciones desoladoras en oportunidades para el país.

Mientras tanto, los poderes españoles siguen negando la evidencia, eludiendo su responsabilidad y sin asumir sus consecuencias. Antes podían justificarlo en la necesidad de atender a sus escuadrones de torturadores, en mantener la impunidad que les garantizaron en el marco del conflicto. Siempre olvidan que la tortura es un crimen de lesa humanidad y que no prescribe. Que si no cambian de estrategia, a sus soldados les aguardan aún décadas de incertidumbre.

Hace 25 años que la jornada de hoy se instauró como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Es hora de que todas las instituciones que violaron así los derechos humanos reconozcan lo que hicieron y ofrezcan una reparación justa. Hoy o, a más tardar, mañana.