Cada día que pasa el caso de la leche materna en polvo contaminada de la multinacional francesa Lactalis se enreda un poco más. Ayer la Gendarmería registró la sede de la empresa y varias de sus plantas, especialmente la de Craon, donde según todos los indicios se produjo la contaminación. La leche en mal estado ha provocado salmonela a decenas de bebés, prácticamente todos en el Estado francés, excepto uno que fue atendido en el hospital de Cruces el pasado octubre.

A medida que se conocen nuevos datos surgen más dudas sobre la gestión de esta crisis alimentaria, tanto por parte de Lactalis como del Gobierno francés. Ayer la empresa reconoció que había detectado la presencia de salmonela en la planta de Craon en agosto del pasado año. A pesar del tiempo trascurrido admitió que todavía no ha sido capaz de precisar el origen de la contaminación. Un dato poco tranquilizador que muestra a una empresa que se dedica a la producción de alimentos incapaz de gestionar un problema sanitario en sus instalaciones.

El Gobierno francés, por otra parte, tardó casi cinco meses en relacionar la enfermedad de unos bebes con la leche contaminada, en una edad en la que tampoco hay tantos productos en los que buscar. En cualquier caso, una vez establecido el vínculo, ordenó la retirada de las partidas contaminadas en diciembre. No obstante, se han seguido vendiendo hasta la semana pasada, dejando la impresión de que el Ejecutivo ha actuado de forma un tanto negligente y bastante lenta para solventar un problema de salud pública. Una falta de diligencia que se manifiesta amenudo cuando hay poderosos intereses implicados.

La crisis afecta a 83 países y el Gobierno galo ha ordenado a Lactalis la retirada de todos los productos de esa fábrica y su posterior destrucción. Visto como se ha gestionado hasta ahora la crisis, es muy posible que los lotes de leche en polvo contaminada terminen no destruidos, sino distribuidos entre los bebés de algún campamento de refugiados en cualquier parte del mundo.