El Gobierno de Nafarroa puso el lunes en marcha el proceso para declarar zona tensionada 21 grandes municipios. Esto permitirá topar los precios del alquiler, lo cual, evidentemente, afectará a las previsiones de ingresos del sector inmobiliario. Poco sorprendentemente, la campaña contra la Ley de Vivienda que ampara estas medidas llegó ayer al herrialde de mano de la patronal del sector.

Lo mínimo exigible en este debate es un poco de criterio y rigor, porque el pretendido estudio con el que aseguran que la oferta de alquiler ha bajado en un año un 30,8% es un despropósito. En primer lugar, ¿De qué base de datos viene el dato? Porque si es de las propias inmobiliarias, conviene señalar que estas no gestionan el grueso de la vivienda de alquiler. Los datos que ellos manejan –de forma totalmente opaca– no reflejan la realidad completa. Cabe preguntar, en este sentido: ¿Es el número de viviendas de alquiler el que cae, o son los anuncios? Porque una cosa es que bajen las viviendas de alquiler, y otra que, gracias a la ampliación de la duración de los contratos en 2019 –previo a la Ley–, ahora haya menos mudanzas y menos firmas de contratos. Que sobre una misma vivienda se firmasen antes tres contratos en cinco años no quería decir que hubiese más oferta de alquiler. 

El despropósito llega al punto de que, según el mismo powerpoint de ocho páginas en el que dicen que la oferta ha descendido un 30%, señalan que solo el 13,3% de los propietarios ha retirado su vivienda del mercado de alquiler. Otro 13,3%, por cierto, se ha pasado al alquiler temporal, la grieta que los especuladores utilizan para esquivar la Ley. Porque por mucho que insistan –a través de pseudoestudios sin fundamento empírico– en que el control de precios y la falta de seguridad lastran la oferta, lo que los datos reales señalan es que las viviendas de alquiler no han hecho sino aumentar en los últimos años. Porque el acceso a la propiedad se ha complicado y porque se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Hacer que no lo sea es fundamental para garantizar el acceso a la vivienda y las leyes, estatales y vascas, con todos sus límites, son una herramienta que permite empezar a hacerlo.