Un año más, miles de personas acudieron a Bilbo de forma masiva para defender los derechos de los presos y presas. 67.000 manifestantes, casi tantos como en la última marcha antes de la pandemia, más que en otros años potentes. El contexto general, empezando por cómo ha cambiado el virus las relaciones sociales, las prioridades de la gente y las formas de politización, podía hacer dudar de que fuese a ser tan masiva. La cuestión de los presos y presas sigue estando en la agenda de la sociedad y los responsables políticos, los que apoyan esta causa y los que no, deberán atender las demandas de justicia. La nueva realidad en las cárceles combina noticias buenas y malas de forma desconcertante. El fin del alejamiento va camino de consumarse y las mejoras en las condiciones y en las perspectivas de vida de los y las presas son evidentes. Sin embargo, una parte de la judicatura española ha decidido exprimir hasta el final la excepcionalidad jurídica. La revocación de progresiones de grado, el regreso a la cárcel, la denegación de permisos, la construcción de nuevos sumarios… no responden a un espíritu de justicia, sino a uno de venganza. Su principio rector es la crueldad.

Según diferentes organismos y tratados internacionales, las condenas de cárcel tan largas y tan desproporcionadas respecto a otros delitos similares son contrarias a los derechos humanos. Utilizar la motivación política para establecer una legislación punitiva excepcional no tiene sentido fuera de una lógica de guerra. Esta misma semana salía libre tras 40 años preso Karim Younis, el palestino que más tiempo ha pasado encarcelado. Nadie con un mínimo de valores democráticos o humanistas debería plantear estrategias que equivalen a las que Israel lleva en Palestina.

Por eso, especialmente en este momento, defender «la legalidad vigente» es defender una política de guerra. El endurecimiento de las penas se vendió como parte de una estrategia «antiterrorista», pero la defensa de esas medidas diez años después de la Conferencia de Aiete y la decisión de ETA constata que algunos no combatían la violencia, sino la disidencia. Otro tanto ocurre si se promueve una lógica de vencedores y vencidos. Además, puede que el resultado no sea el esperado, porque cuando por ventajismo se elimina el conflicto del diagnóstico político, es imposible entender al país y su historia. Aunque lo olviden, la impunidad está del lado del Estado.

Ahora que toca a su fin, no hay que olvidar que la dispersión ha sido una política antiinsurgente que desde su inicio violó derechos humanos y generó sufrimiento y víctimas en el eslabón más débil de la cadena de responsabilidades del conflicto vasco. 16 familiares murieron y no solo no se ha reconocido su dolor, sino que se desprecia su sufrimiento, tal y como denunció ayer Irantzu Benito, una de ellas.

A diferencia de lo que ha pasado con el alejamiento y el aislamiento, el fin del resto de políticas y leyes injustas no debería alargarse más de la cuenta. Quienes quieran estar en el lado correcto de la historia deben apostar por la paz y la convivencia.

La situación actual y los escenarios que se abren generan incertidumbre. Igual que ha ocurrido con el resto de avances políticos de la última década, en el ámbito de las cárceles nada va a suceder como se pensaba. Gestionar la nueva fase requerirá perseverancia, serenidad, flexibilidad e imaginación. No será fácil, especialmente para los presos y presas, ni para sus familiares. Pero esto no es una cuestión particular suya, tal y como se pudo comprobar ayer.

En ese espíritu, cabe recuperar las palabras que pronunció ayer Tamara Muruetagoiena: «La sociedad de Euskal Herria va muy por delante de sus responsables institucionales. La madurez de la sociedad vasca es increíble. Quiere una mejor convivencia y quiere respeto a los derechos humanos». Así es.