En la política vasca y sus debates públicos hay cierta tendencia a mirar al pasado. Sin embargo, no es necesario mirar muy lejos. Ese pasado está tristemente vigente y se expresa en acontecimientos actuales. Hechos que cuestionan el relato oficial sobre lo que ha sucedido en las últimas seis décadas en Euskal Herria y evidencian la hipocresía de algunos discursos sobre la violencia.

Esta semana unos incontrolados han arrancado en Donostia una placa en memoria de Rosa Zarra, que murió de un ataque al corazón tras una carga de la Ertzaintza, en el contexto del traslado a Euskal Herria de los restos de Joxean Lasa y Joxi Zabala, en 1995. No ha habido grandes declaraciones institucionales sobre el ultraje a un memorial de una persona muerta en esa situación. No se ha recordado lo trágico de aquellos días ni se han recuperado las declaraciones despiadadas de algunos políticos de la época. Es sencillo imaginar el escándalo si la víctima fuese otra, porque ya ha ocurrido.

Uno de los vestigios más visibles de esas épocas pasadas es precisamente la Policía. A ese nivel, se ha intentado minimizar la violencia con la que la Ertzaintza pegó a los jóvenes convocados por Ernai la semana anterior, pero recuerda mucho a un pasado donde esa represión se justificaba en la existencia de ETA. Estamos en 2021.

Ernai denunciaba la falta de perspectivas para la juventud vasca y la precarización de sus condiciones de vida en la pandemia. Temas de rabiosa actualidad política. No son, por lo tanto, «tics del pasado» del movimiento juvenil, sino criminalización de manual por parte de Policía y Gobierno. Se suele criticar a la juventud por su falta de compromiso, pero luego se elevan a categoría de crimen unas pintadas y algo de sátira política. Por eso, se les reprime sin piedad ni control.

Prevaricación, colusión, maniobras y memoria
El pasado vuelve a menudo en forma de tristes aniversarios. Hoy se conmemora el 45 aniversario de la muerte del militante de ETA Bernardo Bidaola, ‘Txirrita’, que tras una refriega con la Guardia Civil estuvo desaparecido un mes y apareció muerto. Las autoridades españolas lo calificaron de suicidio, algo que se demostró falso tanto en una autopsia francesa de 1976 como en otra realizada en 2018 por Paco Etxeberria. Se sigue sin aclarar cómo murió y qué fue de él en esos 33 días hasta que su cuerpo apareció colocado en un bosque, donde una llamada anónima avisó que estaría. La Secretaría General para la Paz y la Convivencia de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de Lakua situó este caso entre los que necesitan «investigación y clarificación». Hasta hoy.

Bidaola pertenecía a ETA p-m. Una organización en la que nunca militó Josu Urrutikoetxea. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la Audiencia Nacional española pidiese su extradición a París acusándolo del atentado que costó la vida hace más de 40 años al directivo de Michelin Luis Hergueta, una acción reivindicada por los poli-milis. Hasta ahí, es una burda maniobra de los poderes de Estado español para hacer cautivo a Urrutikoetxea, una de sus obsesiones. Pero, para colmo, el Tribunal de Apelación de París aceptó la demanda sin atender a los plazos de prescripción ni a la cuestión de fondo. Un informe de la Guardia Civil ha confirmado que Urrutikoetxea no pudo tomar parte en esa acción. Era un montaje español que la judicatura gala compró. Ha podido ser por desidia o con colusión. Criminalizar a un interlocutor así es inaudito y un grave precedente.

El pasado a veces trae buenas noticias. El Tribunal Constitucional tumbaba los recursos del PP y de Vox a la ley navarra para reconocer y reparar a las víctimas de «abusos policiales» o violencia estatal. La norma prevé reconocimiento y reparación, pero sigue esquivando la justicia. Porque la gran diferencia entre unas víctimas y otras no es la empatía, sino la impunidad de los crímenes de Estado. Ahí está la discriminación. Esconder esa realidad es ventajismo político, se haga desde la mejor de las intenciones o desde el más duro de los traumas.

Aun así, gracias a esta norma se podrá avanzar en un censo de personas torturadas. En Nafarroa hay censados 816 casos y ni un solo policía condenado. Aun así, las víctimas de la violencia estatal valoraban la noticia como muy positiva. Porque el sentido de esta memoria es poder mirar hacia adelante como país y construir una sociedad mejor, más libre y más justa. Si se quiere mirar al pasado en serio, es importante no mentir y no desinformar. Si no, se corre el peligro de ser moralmente tuerto a la vez que se pretende dar lecciones al resto.