El nombre del eibartarra Josu Retolaza no es uno de los más conocidos en la lista de presos vascos muertos a consecuencia de la cárcel, y eso hace más pertinente el acto celebrado ayer en su localidad, porque refleja que este problema va más allá de lo aceptado generalizadamente. Retolaza contrajo un cáncer en la prisión de Herrera de la Mancha en 1986. Su excarcelación se demoró intencionadamente hasta que la esperanza de vida ya era muy escasa, unos pocos meses, y entre tanto no hubo tratamiento efectivo sino maltrato continuado en los traslados al hospital. Falleció con apenas 33 años y Egiari Zor tiene claro que «pudo haberse evitado».

Quien piense que este caso es un fruto natural del envenenado contexto de aquellos «años de plomo» se equivoca. Hace apenas cinco años, un lustro después de que acabara la acción armada de ETA, el Gobierno del PP elaboró una circular que instaba a no liberar a estos prisioneros enfermos hasta que su expectativa de vida fuera «muy corta». Uno de sus portavoces llegó a tasarla en una intervención en las Cortes españolas: dos meses. La directriz era tan explícitamente inhumana que se aparcó en su literalidad, pero no en la práctica. Otro dato: en la última década han sido muy escasas las concesiones de prisión atenuada para que estas personas puedan afrontar su enfermedad en su casa y no entre rejas. Existen fórmulas legales más adecuadas y justas para ello (suspensión de condena o libertad condicional), pero se les regatea incluso la opción más semejante a un encierro en prisión. 

En los 80 fueron Josu Retolaza, o Txomin Muiños, pero en esta misma década recién iniciada lo han sido Asier Aginako o Antton Troitiño. Hay por tanto un doble reto tras este acto de Eibar que alerta de un problema invisibilizado: reconocer a las víctimas de lo que pudo haberse evitado en el pasado y actuar en el presente para evitar que se creen otras nuevas víctimas. Cuestiones de justicia y sentido común, para un futuro mejor.