El vecino de Basauri, Jon López, fue excarcelado ayer de la prisión de Zuera. Ha cumplido íntegramente la condena de diecisiete años que le fue impuesta en el año 2000 por haber participado en la quema de un autobús. Previamente a la sentencia había cumplido dos años en prisión preventiva de la que fue liberado en 1998; huyó, juzgado en rebeldía en el año 2000, volvió a ser detenido en Bélgica en 2004, desde donde fue finalmente extraditado al Estado español. Como el resto de prisioneras y prisioneros vascos, desde entonces ha conocido la geografía española como consecuencia del alejamiento. A principios de este año fue acercado desde la prisión de Albolote, en Granada, cuando ya prácticamente había cumplido la pena que le fue impuesta.

El suyo es un ejemplo más del sistema punitivo español contra la disidencia vasca. Impone durísimas condenas que tienen una dudosa correlación con la gravedad de los hechos –López fue condenado a quince años por la quema del autobús y a dos años por un delito de lesiones– y las condenas se cumplen en condiciones inhumanas. Una desproporción que evidencia que el castigo no se sustancia en la búsqueda de la justicia, sino en un afán de escarmiento. Penas que pretendían, sobre todo, castigar con ejemplaridad a una parte de la juventud vasca y atemorizar así al resto de la gente. Amedrentar a la sociedad para mantener el dominio es una estrategia propia de Estados débiles, que solo certifica el sadismo de sus dirigentes y, al mismo tiempo, evidencia la escasa capacidad de sus élites para encarar los problemas políticos.

Han sido muchas las y los prisioneros vascos con larguísimas condenas basadas en hechos que se inflaron al calor de la retórica sobre la kale borroka y los «grupos Y». Desde entonces el contexto en Euskal Herria ha cambiado radicalmente, pero el revanchismo continúa inmutable. Aquí no hay justicia restaurativa. Ya es hora de abandonar ese esquema vengativo y empezar a revisar los despropósitos perpetrados contra la justicia en nombre de la ley.