En Euskal Herria hoy se conmemora la muerte de Joxe Arregi a manos de sus torturadores, que sucedió tal día como hoy en 1981, en Madrid. Desde allí mismo, cuarenta y un años más tarde llegaba esta semana el testimonio de las torturas que sufrió en 2001 otra detenida vasca, Iratxe Sorzabal. Un relato desgarrador, inapelable, certificado en base al protocolo de Estambul y que en un Estado de Derecho serio hubiese supuesto la suspensión del juicio.

Porque esta es la única base del juicio: la autoinculpación lograda gracias a las torturas. La causa de fondo es que quieren ser ejemplarizantes con Sorzabal. Sin el factor de la venganza no se entiende que se empeñen en llevar a cabo un juicio del que, si algo va a quedar demostrado, es que la Guardia Civil la torturó sin piedad.

Es triste que este testimonio no haya provocado el acompañamiento institucional a una ciudadana vasca que está relatando semejante violación de derechos humanos. La desidia moral no debería ser acción de gobierno. Es lamentable que algunos medios, incluida la radiotelevisión pública, prioricen apuntalar el relato oficial sobre el pasado a destacar hechos escandalosos de la actualidad. Demuestran una parcialidad que choca con una defensa auténtica de los derechos humanos. Y una profesionalidad adaptada al gusto del Gobierno.

Sin ocultar el trauma, sin buscar venganza

En este contexto, ayer se presentaba en Berriozar la asociación que agrupará a las personas torturadas en Nafarroa. Esa red está realizando un censo sobre los detenidos que sufrieron malos tratos entre los años 1961 y 2012, y que según sus cálculos rondará las mil personas. Hay dos víctimas mortales, Mikel Zabalza y Antonio Goñi Igoa. Existe una condena del TEDH por «trato inhumano» y cuatro condenas por no investigar. Ha habido personas torturadas de unas 80 localidades. Una barbaridad. En ningún caso se puede hablar de desmanes de unos pocos policías temperamentales, sino de una práctica organizada, sistematizada y sofisticada. Por eso, sus víctimas demandan una investigación oficial.

Era una política y un sistema que se han encubierto y que hay que sacar a la luz si de verdad se quiere construir la paz y la convivencia. Además del apoyo político y sindical, es un gesto positivo y esperanzador que ayer asistieran al acto Martín Zabalza y Blanca Burusko, del Departamento de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo.

Los principales objetivos de la asociación son el reconocimiento, la reparación y la no repetición. También van a encargarse del cuidado de las personas que han sufrido malos tratos, van a sensibilizar a la sociedad sobre estos hechos y a ampliar el consenso en contra de la tortura.
 
Descartan centrar sus esfuerzos colectivos en la justicia y la persecución de sus torturadores, aunque eso no implica que no se puedan abrir procesos judiciales particulares. Pero no es parte central de su misión.

De tanto mirar para otro lado, los tuertos morales corren el peligro de volver a perderse un fenómeno político inaudito que puede tener lugar en Euskal Herria. De la mano de las personas torturadas, sin que medien tribunales ni pactos, se puede desarrollar una justicia transicional que no se centre en las penas, sino en la verdad.

Una vez más, el negacionismo español se enfrenta a una sociedad civil vasca que se articula sobre códigos y compromisos revolucionarios, capaces de superar bloqueos que replican el esquema de vencedores y vencidos. La última década ha sido fructífera en este sentido, aunque no haya que despreciar el tiempo perdido y el coste humano que provoca la obligación de combatir la maldad institucionalizada y la complicidad silente.
 
Frente a policías cobardes e impunes que fueron premiados; frente a los mandos y los dirigentes políticos que dieron las órdenes y no asumen su responsabilidad; frente a los forenses cómplices que negaron las evidencias y a los periodistas que ocultaron los hechos, en un ejercicio de magnanimidad, las personas torturadas no demandarán castigos o que les pidan perdón, sino que se reconozca la verdad, que se repare el daño causado y que se creen garantías para que no vuelva a suceder.

En palabras del jurista Luigi Ferrajoli, en la justicia transicional el «objetivo y efecto de los procesos es poner término a la espiral de otro modo incesante de la venganza». La propuesta de las torturadas y torturados vascos es en favor de un futuro de convivencia. Es loable y coherente. Sus protagonistas, supervivientes de una de las mayores aberraciones que puede cometer un estado, merecen solidaridad y todo el apoyo posible.