Un grupo de violentos arresta a un solidario

La Guardia Civil detuvo ayer a Fernando Sota al término de la manifestación convocada a mediodía para solidarizarse con él. El vecino de Tafalla permanecía oculto desde que la Audiencia Nacional le condenara a un año de prisión por exhibir fotografías de dos presos de esa localidad. Una de esas dos personas era Inés del Río, que cuando ocurrieron los hechos permanecía cautiva de forma ilegal, tal como posteriormente ratificó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La otra era Iosu Bravo, prisionero aun cuando ya había cumplido con creces las tres cuartas partes de la condena. Ambos debían haber sido liberados en función de la legislación española, pero seguían encarcelados de forma arbitraria. Había motivos para solidarizarse con quienes eran víctimas de una injusticia y eso es lo que hizo Fer, algo que no le ha perdonado la judicatura española.


Fue condenado por solidario, y para ejecutar la sentencia un grupo de violentos procedió a su detención en la plaza de su pueblo, donde hizo acto de presencia para agradecer el calor recibido en todas estas semanas. Un grupo de violentos, pues esa es la más correcta definición que puede hacerse de los uniformados que procedieron al arresto, no solo porque actuaron de forma muy violenta contra las personas congregadas en torno al kiosco tafallés, sino porque el instituto militar al que pertenecen es violento por propia definición y en su negra historia ha tenido ocasiones de sobra para demostrarlo, también –y sobre todo– en este pueblo.


Entrada la segunda década del siglo XXI y cuando hace dos años y medio que ETA cesó de forma definitiva su actividad armada, casi no hay un día en que guardias civiles –o uniformados de cualquier otro color– no detengan a ciudadanos vascos por su actividad política o, como en este caso, por defender los derechos de presos y presas. No hay un día en que no se violente la voluntad de este país de vivir en paz, sin que ello cause ninguna reacción en las principales instituciones o en la mayoría de los partidos. No ocurre así en el conjunto de la sociedad, cada vez más hastiada de que los violentos se lleven a sus vecinos, a sus amigas o a sus hijos.

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