La ley se aplicará en el Estado español desde este viernes, 25 de junio, a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, «asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.

Ain así, después de la segunda solicitud, debe haber una nueva reunión entre ambos y será este médico quien autorizará el proceso. Antes tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente», pero que no sea del «mismo equipo del médico».

Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome.

Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».

En Hego Euskal Herria, los gobiernos de Lakua y Nafarroa han dado pasos hacia adelante. En el primer caso, ha puesto en marcha la Comisión de Evaluación y en el de Iruñea, trabaja para crear un Comité de Bioética.

Por contra, en el Estado francés el debate sobre la eutanasia activa en la Cámara Baja quedó encallado hace un año después de que una veintena de diputados de derechas presentaran miles de enmiendas, lo que impidió que la proposición no de ley pudiera votarse.

Protocolo para valoración de la incapacidad

Por otra parte, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho para la eutanasia, el cual regirá el procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el paciente no se encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.

«Este protocolo es necesario, porque es un manual de recomendaciones que están a disposición del personal médico para poder llevar a cabo, en el caso de que la persona no sea capaz, el procedimiento establecido para ir viendo las distintas situaciones», declaró la ministra española de Sanidad, Carolina Darias.

El PP recurre al Tribunal Constitucional

El PP presentará este jueves su recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Eutanasia, han informado fuentes del grupo parlamentario.

Esta misma semana, el TC ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra esa ley, aunque ha rechazado suspender su entrada en vigor de forma cautelar, como solicitaba ese partido.

Las fuentes del grupo parlamentario del PP en el Congreso han apuntado que a lo largo del día darán a conocer el contenido del recurso.

El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado en un acto público que su partido con este recurso «lo único que hace es, en un Estado de derecho, apelar al Tribunal Constitucional», porque «hay determinados aspectos de esa ley de eutanasia que pueden ser inconstitucionales».

La CAV está preparada ya para las solicitudes

El Departamento de Salud del Gobierno de Lakua ha informado este jueves de que ha llevado a cabo «todas las acciones necesarias para ofrecer esta prestación con total garantía a quien quiera solicitarla», en relación a la aplicación de la Ley de Eutanasia.

En una nota de prensa, la consejería que dirige Gotzone Sagardui ha indicado que quien quiera pedir la eutanasia podrá hacerlo de manera voluntaria, autónoma y por escrito, en un documento firmado en presencia de un médico.

«Mañana se da un paso más para evitar dolor y sufrimiento innecesario para quienes así lo decidan», ha afirmado Sagardui, quien ha recordado que "la eutanasia es un derecho y no una obligación" y que la ley es muy garantista en sus procedimientos tanto para quienes aspiran a la muerte asistida como para los profesionales sanitarios que objetan en conciencia a esta práctica.

Salud ha detallado en la nota que se han completado las actuaciones que prevé la ley para garantizar el cumplimiento de este derecho, como la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación, así como el despliegue de la información necesaria para que ciudadanía y sanitarios conozcan sus derechos y obligaciones.

Además se está ofreciendo formación al personal sanitario sobre la ley desde los puntos de vista técnico, ético y jurídico. También se han llevado a cabo otras acciones derivadas de la aplicación de la norma como los necesarios cambios en la historia clínica electrónica y la formalización del registro para la objeción de conciencia, en el que desde el pasado 22 de junio cualquier profesional sanitario puede inscribirse.

Por otro lado Salud ha recogido en su web información para explicar quién, cuándo, cómo y en qué circunstancias puede solicitar la eutanasia, así como aquella destinada a los profesionales para garantizar su cumplimiento.