GHK S.A., la sociedad mercantil del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa enfocada desde su creación por PNV y PSE a promover la incineradora, ha sufrido una modificación sustancial que pone en tela de juicio incluso su continuidad, y con ello también el polémico proyecto de Zubieta. El pasado 1 de agosto, tras analizar un buen número de consorcios y otras entidades público-privadas (revisó casi una veintena en Gipuzkoa), el Ministerio de Hacienda español decretó su adscripción a la Diputación de Gipuzkoa.

La decisión tiene implicaciones muy importantes, tanto técnicas como económicas, pero sorprendentemente no ha sido revelada ni por los nuevos mandatarios de Diputación ni por los del Consorcio, cuya dirección se renovó la pasada semana. Ha trascendido a raíz de un informe del interventor que ha sido hecho llegar a todos los miembros de la asamblea del Consorcio, a la Diputación, al Ministerio y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, como entidades que deben ser conocedoras del asunto, y al que ha tenido acceso GARA. El interventor toma esta decisión aludiendo a «precedentes de ocultación» y recordando que han pasado ya tres meses desde la recalificación de GHK S.A. por parte del Gobierno español, tiempo suficiente para haberlo hecho público y afrontado. Explica este técnico que él mismo descubrió casualmente la recalificación.

La nueva situación se deriva de las leyes aprobadas en Madrid en esta legislatura en cumplimiento de las políticas de ajuste impuestas desde Europa. Es el caso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012, y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Loca (2013). Estas normas entran de lleno en el peculiar régimen público-privado de entidades como GHK, o también Bidegi. En este último caso el Ministerio de Hacienda valida su actual estatus dado que la mayor parte de sus ingresos tienen raíz privada (peajes), pero no ocurre así con la sociedad mercantil del Consorcio de Residuos, toda vez que en sus ingresos predominan las aportaciones públicas.

Techo de déficit incumplido

A partir de esta decisión, las consecuencias llegan en cascada. Al otorgársele la consideración de administración pública, la entidad queda abocada a cumplir los objetivos de déficit. El interventor manifiesta lo obvio: que el Consorcio no cumple con el tope de deuda exigido por la Ley de Estabilidad de 2012. Recuerda cómo a lo largo de 2014 experimentó un endeudamiento del 200% debido al famoso y polémico swap contratado por los anteriores rectores del PNV para hacer irreversible el proyecto de incineradora.

Llegados a este punto, la legislación exige un plan económico-financiero y hacerlo además «en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento». Por ello, el informe del interventor estima que debe presentarse ante la asamblea general para el 4 de diciembre de este año y ponerse en marcha antes del 4 de febrero de 2016.

En paralelo, como quiera que el Consorcio ha quedado adscrito a la Diputación de Gipuzkoa, esta queda obligada a consolidar sus cuentas computando el déficit de GHK. Y no son cifras menores precisamente: la sociedad tenía el 31 de diciembre del año pasado una deuda por el swap de 51,9 millones, que en la actualidad serían ya unos 63 según el contraste realizado por GARA. Incluirlos en las cuentas de la Diputación de Gipuzkoa supondrá incrementar su deuda global en cerca de un 13% y puede descuadrar las previsiones presupuestarias.

El interventor plantea disolver

Todavía hay más consecuencias a la vista. El interventor considera en su exhaustivo informe que «ante la previsible imposibilidad del cumplimiento simultáneo de la Ley de Estabilidad y del objeto del Consorcio, deberá estudiarse la aplicación de los artículos 33 y 34 de los estatutos». En otras palabras, pasar a disolver esta «mancomunidad de mancomunidades».

Efectivamente, el artículo 33 estipula que GHK tendrá que disolverse si se constatara «la imposibilidad de cumplimiento de los fines establecidos». Para ello, expone el artículo 34, haría falta el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. Se trata por ahora de una mera hipótesis, dado que, como queda dicho, ni los responsables de la Diputación ni los del Consorcio han dado cuenta de esta situación completamente novedosa.

El motivo de este silencio no está claro. El interventor se limita a constatarlo, y a solventarlo informando del asunto y de sus consecuencias jurídico-económicas a las instancias que cree que deben conocerlo.

En las últimas semanas, desde esferas mediáticas ya se había lanzado una ofensiva contra EH Bildu acusándole de la deuda acumulada en una de las ocho mancomunidades incluidas en el Consorcio, la de Sasieta, algo que la coalición niega. También había llamado la atención el retraso en la definición del proyecto de incineradora redimensionado, que en su día se anunció para setiembre pero que sigue sin concretarse entrado ya noviembre. Y entre tanto, la pasada semana se constituyó el nuevo Consejo de Administración del Consorcio con control total de PNV y PSE, y ni un solo representante de EH Bildu.

 

El «swap», espada de Damocles en GHK «salvo cataclismo» bursátil

Paradójicamente, el endeudamiento que podría acabar con el Consorcio procede casi en su integridad del «swap» firmado al final de la anterior legislatura de Markel Olano con la intención de blindar el proyecto de incineradora. Lo reconoce abiertamente el informe del interventor, que lo etiqueta de «lastre» y remarca que las pérdidas de la sociedad «están directamente relacionadas con la contratación de los derivados financieros especulativos firmados en 2011».

«El déficit de la sociedad en junio –dice aludiendo a la mercantil GHK S.A.– ya es superior incluso a todo el presupuesto del Consorcio». Y añade esta afirmación muy rotunda: «La única esperanza de alterar el resultado es un cataclismo en los mercados financieros que alteraran los tipos de interés de forma que los ‘swaps’ especulativos produjeran beneficios».

PNV y EH Bildu tienen valoraciones absolutamente contrapuestas sobre este «swap». Los soberanistas de izquierdas recuerdan que se aplicó a una previsión de inversión, no a la obra realmente ejecutada, de modo que con ello se asumieron pagos absurdos y desmesurados, y todo ello para «hacer irreversible» el proyecto. De hecho, se presentó una querella contra los bancos, pero fue rechazada por los tribunales. Y el PNV se aferra a ello para argumentar que es EH Bildu quien ha creado el problema al paralizar la incineradora.R.S.

 

La incineradora, sin promotor y con más dudas presupuestarias

A la espera de que la dirección del Consorcio y/o la Diputación de Gipuzkoa clarifiquen su posición sobre el embrollo creado, todo lleva a pensar que el proyecto de incineradora se enfrenta a dos problemas nuevos: uno técnico-jurídico y otro económico. Por un lado están las dudas sobre la continuidad de GHK S.A., imposible ya en su actual configuración semiprivada (dado que Madrid lo ha recatalogado) e incierta en cualquier otro esquema (por la deuda acumulada, que podría desembocar en su disolución). Y por otro las incertidumbres económicas; el proyecto de Zubieta se topa con las nuevas estrecheces presupuestarias y las limitaciones legales al déficit, añadidas a su propia carestía inicial.

Es imposible predecir cómo se resolverá el primer escollo. En el caso de que la decisión del Gobierno español precipitara el fin del Consorcio, se supone que tendría que crearse una estructura nueva sustitutiva, y no parece un proceso fácil ni rápido tomando en cuenta que las ocho mancomunidades tienen intereses comunes pero también criterios distintos sobre la cuestión de los residuos.

En cuanto a la cuestión financiera, el préstamo concertado en 2011 con La Caixa y Banesto (el del «swap») aporta únicamente 69 millones de euros a un proyecto cuyo coste total cifró Markel Olano en 230 millones al poner la primera piedra, allá por 2011.R.S.

 

Breve cronología

2007

Se crea el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, de la mano de la Diputación y ocho mancomunidades, para gestionar los residuos urbanos «en alta», es decir, una vez depositados en las estaciones de transferencia. Un año después surge la mercantil GHK S.A., enfocada principalmente por sus entonces dirigentes a construir la incineradora.

2011

Poco antes de las elecciones, el Consorcio presidido por Carlos Ormazabal (PNV) contrata un producto financiero swap para blindar la incineradora, proyecto que se desestima al llegar Bildu al poder. Ello acarrea en la actualidad una deuda de 63 millones de euros.

2015

El Ministerio de Hacienda decreta que GHK S.A. debe adscribirse a la Diputación dado que es una herramienta del sector público. Ello supone la asunción de la deuda. En paralelo, la Diputación pretende relanzar el proyecto de incineradora.