El próximo 16 de abril, en el mismo momento en el que los jóvenes de Altsasu se sienten en el banquillo acusados de terrorismo por un esguince a un guardia civil, la cúpula de la conselleria catalana de Interior declarará, acusada de sedición y organización criminal por no frenar por la fuerza un referéndum en el que participaron más de dos millones de personas. Además de la fecha, ambos casos tienen un nombre en común: el de Carmen Lamela como jueza de instrucción.

La magistrada dio a conocer ayer el auto de procesamiento de la pieza catalana referida a la conselleria de Interior y, en especial, a los Mossos d’Esquadra. Es decir, aquella que quedó en sus manos después de que el Supremo asumiese la carpeta principal Govern. Una separación de piezas que da pie a evidentes y sonoras contradicciones entre los autos de procesamiento de Llarena (TS) y Lamela (AN).

Por partes. El auto conocido ayer deja claras sus intenciones desde la segunda página, en la que Lamela asegura que «se ha podido comprobar la existencia de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión». «Para lograr su propósito, los integrantes de la organización han elaborado una premeditada estrategia perfectamente coordinada», sigue la magistrada, anticipando uno de los ejes que atraviesan las 37 páginas del auto: la existencia de una «compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la sedición».

La imputación del delito de organización criminal, castigada con penas de hasta ocho años de prisión, es la principal aportación de Lamela a la macrocausa contra el independentismo catalán, al ser un tipo penal no incluido por Llarena en el Supremo.

Junto al exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, son procesados por este delito el exdirector de la Policía catalana, Pere Soler, y el secretario general de Interior, Cèsar Puig.

Pero el delito más grave por el que son procesados los altos cargos de Interior es el de sedición, con penas que pueden llegar hasta los 15 años. Trapero, Soler y Puig están imputados por este delito por el referéndum del 1-O, mientras que el exmayor y la intendente de los Mossos Teresa Laplana están imputados por los sucesos que rodearon a la operación del 20 de setiembre contra la logística del 1-O. Es decir, Trapero está imputado dos veces por sedición. Doblemente procesado.

Los cuatro procesados, a los que de momento Lamela mantiene las medidas cautelares, están llamados a declarar el próximo 16 de abril en la Audiencia Nacional española. En manos de Lamela está encarcelarlos, como Llarena hizo con los miembros del Govern tras dictar su auto de procesamiento.

¿Y la violencia?

Con todo, el documento firmado ayer por Lamela incluye importantes diferencias respecto al proceso seguido por su colega en el Supremo. La principal, que clama al cielo, es la referida al uso de violencia. La principal diferencia entre los delitos de rebelión y sedición, según el código penal, radica en que el primer tipo requiere la existencia de violencia, mientras que para el segundo –que tiene penas menores–, basta con acreditar un «alzamiento tumultuario». Pues bien, mientras Llarena considera que las concentraciones del 20 de setiembre ante la conselleria de Economía tuvieron el componente violento necesario para calificar los hechos de rebelión, Lamela escribe que las actuaciones de los acusados de realizaron «sin emplear la violencia», lo que baja un escalón las imputaciones y las deja en sedición.

No es una cuestión menor, si bien cabe ser escéptico hacia sus consecuencias futuras. Por lo demás, según las primeras lecturas de diversos juristas, entre ellos el profesor de derecho constitucional Joan Queralt, la acusación de sedición es tan endeble en el caso de Lamela, como lo es el de rebelión en el caso de Llarena. Concretamente, en lo referido al papel de los Mossos el 20 de setiembre, la jueza de la AN denuncia que «lejos de actuar, se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas».

Pero es en su descripción del 1-O cuando Lamela se despacha con soltura: «La actividad desplegada por los Mossos y organizada desde sus Mandos en coordinación con la cúpula de la Consejería de Interior, no solo se limitó a no dar cumplimiento a la orden judicial de cierre de los centros de votación e incautación de urnas, aparentando la imposibilidad de llevarla a cabo a la vista del tumulto de personas concentradas en los centros de votación, sino que fue más allá, propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios facilitando de esta manera que estos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los agentes de Mossos a no actuar; obstruyendo a los agentes policiales (Policía Nacional y Guardia Civil) dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial; espiando y controlando sus acciones».

La participación de más de dos millones de personas en el referéndum y la evidente violencia policial que hubiese requerido el impedirlo, como se vio en los contados colegios que la Policía Nacional española y la Guardia Civil trataron de cerrar, ni siquiera es tomada en cuenta por Lamela, que considera que «enmascarada bajo los citados principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad».

Ya son 29 procesamientos

Los cuatro procesados ayer se suman los 25 que ya están imputados en el Supremo desde el pasado 23 de marzo, con el president Carles Puigdemont a la cabeza. Y podrían ser más, muchos más, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la Fiscalía pidió ayer alargar seis meses más la causa abierta contra más de 700 alcaldes soberanistas, investigados ahora por ceder locales para la votación.

Una macrocausa desarrollada simultáneamente en diversos juzgados que no para, reflejando que el Estado profundo difícilmente olvidará, ni perdonará, aquel 1-O. Menos aún la actuación de unos Mossos que, en la mente de Lamela, dejaron todo el peso –y toda la imagen negativa– de reprimir las urnas sobre las espaldas de la Guardia Civil y la Policía Nacional española. Ya lo advirtió ayer Aznar: «No se puede hablar de diálogo ante una rebelión en toda regla».