Desde 2002 se ha acuñado la expresión “Memoria histórica”, que incluía la recuperación de toda una generación, perdedora en la Guerra Civil, perseguida durante el franquismo y también ocultada durante la Transición y posterior desarrollo político en el Estado español. Fueron al comienzo iniciativas particulares y asociativas las que consiguieron, en su iniciativa más espectacular, la exhumación de centenares de ejecutados por el franquismo cuyos restos reposaban en cunetas, veredas o bosques sin hollar.

En la fallida causa del juez Baltasar Garzón contra los crímenes del franquismo, el magistrado llegó a recabar una lista con más de 114.000 nombres del conjunto del Estado que consideraba incluidos en el apartado de «desapariciones forzadas», ocurridas en su mayoría antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Una investigación renovada sobre trabajos anteriores y aún inédita de la Asociación Altaffaylla destacará el hecho de que ya son 3.500 las ejecuciones de hombres y mujeres en Nafarroa en aquella época, lo que supondría el 1% de su población en 1936, y el 7,5% de los votantes de los partidos que se opusieron al golpe franquista.

La magnitud de la represión en Nafarroa provocó un movimiento asociativo sin parangón en el Estado español, a pesar de las trabas que surgieron desde instancias oficiales hasta una fecha tan cercana como la de 2015, cuando el nuevo Gobierno Foral rompió la tendencia institucional de obstaculizar la memoria de los represaliados.

Este movimiento asociativo, paralelo a la agonía del dictador en 1975, fue sostenido en general por el impulso de los familiares de las víctimas y las investigaciones del historiador José María Jimeno Jurío, quien de manera semiclandestina y con graves y continuadas amenazas a su persona, realizó un primer balance de la represión, recogiendo testimonios y buceando en los archivos que aún no habían sido destruidos. Su legado fue recogido en los años siguientes por la Asociación Altaffaylla, que publicó un monumental estudio: “Navarra, de la esperanza al terror”. Un trabajo pionero en el Estado español que, pueblo a pueblo, recogió un primer balance: 2.850 navarros ejecutados en retaguardia por el franquismo.

Simultáneamente, los familiares crearon su propia asociación, alentados por los trabajos de investigación, convirtiéndose nuevamente en la primera referencia asociativa del Estado. Y también en exhumaciones. Las dos primeras fosas fueron abiertas en Sartaguda en 1978, tras un trabajo previo de Salvador Miguel Amatria y Ricardo González, hijo y nieto de fusilados, respectivamente.

Después de las de Sartaguda llegó la apertura de otra fosa en Cárcar, lo que provocó un impulso social a favor de la recuperación de los restos de los fusilados en 1936. En algunos pueblos de la Ribera navarra comenzaron a formalizarse grupos de familiares, los que se denominaban «hijos de viudas» durante el franquismo, que llegaron a celebrar una multitudinaria reunión en Sartaguda, a la que asistieron varios miles de personas. Una de las mayores concentraciones asociativas, sin duda, de la Transición.

La Asamblea de familiares reunida en Sartaguda se conformó como organismo en el que participaron 18 grupos locales pertenecientes a otras tantas localidades, como Funes, Cárcar, Sartaguda, Marcilla, Andosilla, Murchante, Cortes… El siguiente paso fue establecer una hoja de ruta, cuyo primer jalón fue la recuperación de los restos de los navarros ejecutados en la Academia Militar de Zaragoza y enterrados en una gigantesca fosa común en el cementerio de la capital aragonesa. Para ello, la Asamblea delegó en Salvador Miguel Amatria, que, poco más tarde, sería elegido alcalde de Sartaguda.

De Zaragoza a El Escorial

Durante más de dos meses, diversos técnicos y multitud de voluntarios de las 18 localidades navarras trabajaron denodadamente en el cementerio de Zaragoza para recuperar los restos correspondientes, según se dijo, de 800 personas. Probablemente la cifra fue exagerada, pero en cualquier caso era enorme. Sin ningún tipo de análisis individual, y realmente sin pretensiones de hacerlo, los 18 municipios navarros decidieron que los restos serían repartidos en sus respectivas localidades y homenajeados en actos correlativos. Es decir, durante 18 fines de semana, otros tantos pueblos navarros organizaron homenajes multitudinarios que se convirtieron en un reconocimiento a los familiares de las víctimas en toda Nafarroa, no solo de las rescatadas en Zaragoza.

Después del éxito de Zaragoza, la Asamblea de Sartaguda –que por razones de efectividad se trasladó a Cárcar– decidió continuar con la apertura de otras fosas. La memoria local guardaba los días de las ejecuciones y el lugar de los enterramientos, pero desconocía los nombres de los ejecutados. Los 18 municipios delegaron nuevamente en Salvador Miguel Amatria, que consiguió del director de la cárcel de Iruñea los registros de salidas de la cárcel de los presos que iban a ser ejecutados. Así se cerró el ciclo. Decenas de iniciativas surgieron en otros pueblos y la actividad sobrepasó ya a los 18 municipios pioneros.

Sin embargo, el mayor hito aún estaba por llegar. Meses más tarde, y tras diversas reuniones –en especial con algunos mandos militares–, Salvador Miguel Amatria consiguió lo excepcional, lo que hasta hoy no ha logrado ninguna otra asociación, ni siquiera con apoyo institucional: la repatriación de decenas de navarros enterrados en el Valle de los Caídos. Amatria falleció en 2013, llevándose a la tumba algunos de los secretos de aquellas negociaciones. La clave era obvia: la determinación y el apoyo de miles de familiares de los 18 municipios navarros.

Hoy sabemos que 144 navarros, entre ellos dirigentes sindicales como Francisco Nagore y Jesús Azcona, habían sido trasladados de una fosa navarra al Valle de los Caídos en 1960. Fortunato Aguirre, uno de los fundadores del equipo de fútbol C.A. Osasuna y alcalde de Lizarra, fue rescatado a última hora por sus familiares del macabro destino. No fue el territorio vasco con más republicanos trasladados. De Araba, 433 restos correspondientes a otros tantos milicianos y gudaris, la mayoría muertos en el frente de Legutio, fueron exhumados y nuevamente inhumados en el Valle de los Caídos.

La expedición navarra partió en dos autobuses, acompañados por varios coches, con un resultado incierto. Las reuniones previas habían servido para acotar el objetivo, la repatriación de los ejecutados, enterrados en el mausoleo que ya albergaba al dictador Francisco Franco. La espera podría alargarse, pero la asamblea había tomado una decisión unánime. No se moverían del Valle de los Caídos hasta que los restos les fueran devueltos. No habían sabido de los suyos desde 1936 hasta entonces, pero un informe de la Guardia Civil de 1958, al que habían tenido acceso, marcaba las fosas de Nafarroa con precisión, añadiendo de cuáles de ellas se habían exhumado cuerpos para el traslado al Valle de los Caídos.

Dicen que la determinación mueve montañas. La conjunción de diversos acontecimientos y la excepcionalidad y novedad de la exigencia hizo el resto. Los autobuses retornaron con las cajas que contenían los restos de sus familiares. No había identificaciones porque en todos los casos los escribanos franquistas habían catalogado como «desconocido» el cadáver de cada caja. Pero ello no supuso un obstáculo. La asamblea decidió repartir entre los pueblos que la componían aquellas 136 cajas y, con homenajes incluidos, fueron enterrados, esta vez públicamente, en los cementerios respectivos, en la misma tierra navarra que les vio nacer, crecer y comprometerse políticamente.