Hace veinte años, el 12 de setiembre de 1998, los partidos PNV, HB, EA, IU, AB, Zutik y Batzarre, los sindicatos ELA, LAB, EHNE, ESK, STEE, Ezker Sindikala e Hiru, y un nutrido grupo de agentes sociales suscribieron en la localidad navarra de Lizarra un texto con el objetivo principal de facilitar un camino hacia un proceso de paz y un acuerdo democrático. El después conocido como Pacto de Lizarra-Garazi parte de que «el contencioso vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. Su resolución debe ser necesariamente política». Como método, propone «un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones respecto de los agentes implicados y con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto». Se entiende que todos los proyectos deben situarse «en igualdad de condiciones de consecución», profundizando la democracia para «depositar en la ciudadanía de Euskal Herria la última palabra respecto a la conformación de su futuro» y «que se respete la decisión por parte de los estados implicados». En resumen, «Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión».

Pocos días mas tarde, el 16 de setiembre, ETA anuncia un alto el fuego que con el tiempo se supo que fue fruto de un acuerdo alcanzado en secreto con PNV y EA.

Un acuerdo como el de Lizarra era impensable apenas catorce meses antes, cuando las opiniones públicas vasca y española estaban convulsionadas por el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco. Probablemente, la exagerada respuesta que el Gobierno de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja promovió a aquella acción de ETA, criminalizando a todos cuantos no les siguieran ciegamente (recuérdense el «A por ellos» de Victoria Prego en la manifestación o los abucheos a Raimon por cantar en catalán y a José Sacristan «por comunista» en el homenaje de Las Ventas) pudieron contribuir a empujar al PNV a buscar nuevas fórmulas más allá del Pacto de Ajuria Enea.

Otro de los elementos determinantes en los prolegómenos del Acuerdo de Lizarra-Garazi fue la unidad de acción que venían ejerciendo ELA y LAB, y un acto puntual como el celebrado en Gernika el 18 de octubre de 1997 por el sindicato que entonces dirigía Joxe Elorrieta, en el que levantó acta de que «el Estatuto ha muerto». ELA, el sindicato mayoritario en el país, defensor del Estatuto de Gernika, había llegado a la conclusión de que ese marco autonómico no le servía para avanzar, no solo en sus demandas nacionales, sino tampoco en las sociales y sindicales.

Aprovechando ese contexto en el ámbito nacional y en el Estatal, y al hilo del proceso que avanzaba en Irlanda, una dirección de Herri Batasuna que estaba a punto de ser encarcelada por difundir un vídeo con la propuesta de la Alternativa Democrática puso las bases del Foro de Irlanda que luego dieron paso al Pacto de Lizarra-Garazi. En el camino, el PSE de Nicolás Redondo Terreros rompía la coalición de gobierno con PNV y EA que presidía José Antonio Ardanza. Y el tándem Garzón-Aznar se atrevía a cerrar “Egin”.

El Acuerdo de Lizarra-Garazi supone un importante cambio en el tablero político vasco. La diferenciación entre «demócratas» y «violentos» deja paso a una batalla en el eje unionismo-soberanismo, al que el Gobierno del PP se entrega de hoz y coz, hasta el punto de que movimientos como Gesto por la Paz dejan de ser su referencia, dedicándose a financiar y aupar otros como Basta Ya y Foro Ermua, que no combaten tanto la actividad armada de ETA sino al nacionalismo vasco.

El periodo de vigencia del Acuerdo de Lizarra-Garazi, que coincide básicamente con el del alto el fuego de ETA entre setiembre de 1998 y noviembre de 1999 (aunque hubo intentos de que sobreviviera algunos meses más), es un tiempo en el que a pesar de la ausencia de acción armada de ETA el unionismo español se muestra extremadamente beligerante.

Cuando ETA volvió a las armas, no le siguió la recuperación de la «unidad de los demócratas», viviéndose entre el tripartito PNV, EA, IU y el tándem PP-PSE momentos de gran tensión y división, como en el funeral de Fernando Buesa.

El llamado «nacionalismo institucional» tampoco volvió a la defensa del Estatuto de Gernika, sino que en la siguiente legislatura, liderado por Juan José Ibarretxe, apostó por la redacción del llamado Nuevo Estatuto Político, que recogía el derecho a decidir y que, tras concitar la mayoría suficiente en el Parlamento de Gasteiz gracias a tres votos de la izquierda abertzale ya ilegalizada, se estrelló en Madrid contra el Congreso de los Diputados.

Veinte años no han pasado en balde. El cese definitivo de la actividad armada de ETA, hasta su desaparición como organización, no han llegado por los caminos dibujados en Lizarra. En cuanto a los avances sobre el derecho a decidir, aunque no han encontrado todavía camino para oficializarse, vuelven a estar en el centro del debate político. Y tras el camino recorrido, el tablero político es ahora más propicio que el de 1998.