¿Cómo se desencadena esta última acción judicial, había forma de evitarla?

Juanpe PLAZA: No, no había opción de evitarla. Se desencadena después de quince años en que se han interpuesto todo tipo de recursos, se han agotado todas las vías. Una vez endosada la deuda, en setiembre pasado ya nos dan un plazo de pocas semanas para equilibrar balances o cerrar. Y ello aboca a un acuerdo con la Seguridad Social, porque en caso de no hacerlo se procede directamente a la liquidación. Entre tanto, en estos quince años ha habido cambios de leyes, cambios de jueces, varias sentencias que dicen que es inadmisible estar tanto tiempo en suspensión de pagos...

Iñaki SOTO: La alternativa era la declaración de quiebra y liquidación directa, así de sencillo y de duro.

¿Hay algún impulso político en esta fase? ¿Cómo se explica que algo que ha permanecido quince años en «stand-by» se active precisamente cuando existe un contexto más amable?

I.S: Creemos que no hay una decisión política en este momento, lo que no quita que sea algo totalmente extemporáneo, porque en su origen sí es un ataque de motivación política, son Garzón y Aznar. Lo de ahora viene viciado por aquello, por una situación que no ha sido desactivada en todos estos años.

La suspensión de pagos, por otro lado, era una situación poco conocida o poco manifestada. ¿Qué afecciones ha supuesto en el día a día?

I.S: Nos impedía competir en igualdad de condiciones. Afectaba a las relaciones sociolaborales, al derecho a la formación continua, a la posibilidad de obtener subvenciones...

J.P: ...a las bonificaciones por Seguridad Social, etcétera, etcétera. Y nos obligaba, por supuesto, a justificar todos los gastos. De hecho, no pasemos por alto que no se trata solo lo que toca pagar ahora, sino lo que ha habido que pagar todos estos años. Gastos jurídicos, por ejemplo.

I.S: Hemos padecido una gestión totalmente tutelada, lo que condiciona el desarrollo de tus proyectos. Te convierte en una empresa anormal. Y afecta a la confianza del resto de empresas hacia ti. Todo ello solo se ha podido solventar con un esfuerzo de gestión muy importante.

Medio millón de euros cada seis meses es mucho. ¿Qué ocurriría si en un semestre no se lograra abonar esa cantidad?

J.P: Que sería un incumplimiento del preacuerdo y nos llevaría a la situación anterior.

¿Qué diferencia hay entre preacuerdo y acuerdo? ¿Quiere decir que aún hay margen para cambios o esto ya es definitivo?

J.P: No es definitivo en la medida en que el Juzgado [de Primera Instancia de Gasteiz] no ha emitido aún el auto que eleva a definitivo el convenio y levanta la suspensión de pagos. El acuerdo con la Seguridad Social está condicionado a la aprobación del convenio. No prevemos problemas pero todavía no es definitivo. Puede ser cuestión de unos cuantos meses.

La interlocución emprendida con diferentes sectores se valora positivamente. ¿Hay una situación muy diferente a la de 2003, cuando empezó esto?

Iraia OIARZABAL: Sí, ha cambiado la atmósfera política, el país en general, y esto no es una excepción. Hemos encontrado voluntad de ayuda, solidaridad, comprensión, y también apoyo al análisis que hacemos para salir de esto. Esos agentes han valorado positivamente que nuestro objetivo sea la viabilidad y remarcan que en 2019 no se debería permitir que se cerrara una empresa así. También saludan que durante quince largos años hayamos afrontado este tema sin crear un problema político añadido a todos los que ya tiene la sociedad vasca. Lo primero que nos han manifestado, en cualquier caso, es sorpresa e incredulidad, porque creían que esta cuestión ya estaba superada, caducada.

¿Qué quiere decir la petición de amparo a las instituciones?

I.S: Lo que hacemos es un llamamiento a una reflexión general, que trasciende a este golpe. Esta es una resaca del pasado pero la sociedad vasca, los propios medios y también las instituciones tienen que reflexionar sobre cómo garantizar entre todos un tejido periodístico que aborde los debates públicos sobre los retos de futuro. Ojalá esto ayude a lograr otras reglas de juego y con ello un país mejor.

J.P: No queremos problematizar la deuda de GARA, y por ese motivo miramos para adelante y no para atrás. Nuestra voluntad es aportar para que la sociedad avance, no se quede anclada en el pasado.

I.S: Por eso también hemos llegado a este acuerdo, porque limitarnos al cierre hubiera sido reproducir de nuevo los traumas y también las soluciones del pasado: otro periódico clausurado, medios nuevos con futuro abortados, gente en la calle, conflictividad política añadido... En suma, seguir atados a dinámicas del pasado.

En un contexto tan delicado, ¿qué se ha transmitido a la plantilla?

I.S: El viernes pasado se convocó una asamblea y se expuso la situación con total realismo. Hemos partido de ahí, antes de proceder a esta comunicación pública. Todos y todas hemos entendido que es muy complicado todo esto, pero creo que también hemos entendido que hay un plan de salida.

J.P: Hay una salida que no consiste en mirar hacia atrás, sino que es de futuro. Está claro que van a ser unos años difíciles, con grandes retos y también con ajustes. El objetivo es reforzar el proyecto de futuro y lo vamos a hacer con total responsabilidad.

 

Blanco y negro con pleno sentido

¿Cómo va a influir esta situación a los productos periodísticos? ¿Van a notarlo en el día a día sus lectoras, oyentes...?

I.O: Para empezar, abrimos un periodo en blanco y negro, en el que se visualice que una decisión judicial extemporánea e injusta ha empobrecido el panorama mediático vasco. Porque esto no solo busca empobrecer nuestros productos, sino que empobrece el kiosko entero, empobrece el conjunto de la sociedad.

I.S: Estamos además en un sector que está viviendo una reconversión y una revolución. Hemos hecho un esfuerzo titánico por reinventarnos: medios, productos, redacción...

J.P: ...Y vamos a seguir en ello mirando al futuro, pero indudablemente todo el proyecto se tendrá que readaptar a la nueva situación. Hará falta un sobreesfuerzo y también ajustes. R.S.