El exdirector del yacimiento romano de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, ha sido condenado a dos años y medio cárcel y a pagar 12.490 euros a la Diputación de Araba por haber «manipulado» él mismo o «por medio de terceras personas» grafitos calificados en su día de históricos porque adelantaban varios siglos la aparición del euskara.

El hallazgo fue sorprendente, aunque pocos años después la Diputación acudió a la vía penal por considerar falsas las inscripciones, en las que encontraron varias incoherencias respecto a la época en la que supuestamente fueron realizadas, como la incripción cuore en lugar de la voz latina cor, cordis, o el uso de una “j” como la actual en lugar de una “i” larga.

Se trata de un periplo judicial que culminó ayer cuando la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gasteiz consideró culpable de un delito continuado de falsedad documental en concurso con una falta continuada contra el patrimonio histórico-cultural al exdirector del yacimiento, por el que lo condena a un año, y de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado, penado con 1 año y 3 meses de prisión; la fiscalía pedía cinco años y medio para él, mientras que la Diputación solicitaba siete y medio.

La jueza también condena al supuesto físico nuclear Rubén Cerdán a un año y tres meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad documental, y al pago de 12.490 euros a la Diputación. A ambos se les aplica la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas ya que el proceso judicial comenzó hace once años, en 2009.

En la sentencia se considera probado que Gil «realizó incisiones para dotar de diversas inscripciones en 36 piezas arqueológicas tardo-romanas auténticas de cerámica» con «la intención de dotar a los hallazgos del yacimiento de un pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían».

La jueza destaca que los grafitos supuestamente excepcionales fueron descubiertos «de forma exclusiva en el proceso de lavado» de las piezas. En ese momento aparecieron «inscripciones con escritura y epigrafía con distintas temáticas: motivos cristianos, frases y nombres en latín, supuestos jeroglíficos egipcios o palabras en euskara, sobre la superficie de algunas de las piezas de cerámica, ladrillo, vidrio y hueso de época romana».

Sin embargo, ninguna de estas inscripciones «habían sido vistas en el momento de su hallazgo en la excavación», recalca el fallo, que atribuye la autoría de esas inscripciones al exdirector del yacimiento.

Implicación de Cerdán

Además de manipular las piezas, que se dañaron «de forma irreversible», según la sentencia, Gil se concertó con Cerdán «a sabiendas de la falsedad» de las inscripciones para hacer «algún informe que pudiera corroborar la apariencia de autenticidad de los grafitos que presentaban las piezas». Para ello, «convinieron» que los informes «versaran sobre la continuidad de la pátina superficial por tasa de cationes de las piezas arqueológicas».

Cerdán elaboró tres informes «que no contaban con el respaldo de análisis espectroscópicos alguno». En ellos sostenía que no había razones para creer que las piezas catalogadas como excepcionales por Gil habían sido manipuladas a pesar de ser «conocedor de que los estudios, interpretaciones y las conclusiones que hacía constar en sus informes no podían ser ciertos».

Tanto Gil como Cerdán «eran conocedores de la falta de veracidad» de los informes, pero «con la finalidad de obtener un beneficio económico de carácter ilícito» decidieron girar las facturas correspondientes a la Diputación. El coste de los dos primeros rondó los 6.000 euros en cada caso, mientras que el pago del tercero no fue solicitado a la Diputación.

Durante el juicio se hizo una valoración económica de las piezas dañadas genérica –no la hizo un «perito experto»– por lo que no se ha concretado el perjuicio económico sufrido por la Diputación, más allá de las citadas facturas.

En el juicio también fue condenado en el inicio del juicio Óscar Escribano, otro colaborador de Gil, que aceptó un año de cárcel tras reconocer que había hecho con un punzón una inscripción en una pieza a modo de «broma», lo que dañó «de forma irreversible esta pieza tardo-romana».

La dirigente de EA Lorena López de Lacalle, responsable de Cultura de la Diputación de Araba en 2009, cuando comenzó el proceso judicial, mostró su satisfacción por la sentencia condenatoria a Gil. «Ni Araba ni Euskal Herria necesitan estafas para estar orgullosas de su pasado, presente y futuro», manifestó la exdiputada.

A su juicio, lo importante a partir de ahora es «recuperar el buen nombre de un yacimiento excepcional y único», en el que se pueden estudiar datos «desde la Prehistoria hasta la actualidad». Por ese motivo, considera que es necesario «recuperar el ritmo de excavaciones» y poner en valor el yacimiento.

 

Iruña-Veleia Argitu! sigue defendiendo su autenticidad

La plataforma Iruña-Veleia Argitu!, que desde el principio ha defendido la autenticidad de las piezas encontradas en el yacimiento alavés, consideró al conocer la sentencia que «se han vulnerado todos los derechos al no haber permitido a Eliseo datar los grafitos en los mejores laboratorios de Europa. Si creen que son falsos, ¿por qué no le dejan hacerlo en otro laboratorio?», dijeron.

Para subrayar su tesis indicaron que «al principio decían que eran 400 grafitos falsos y ahora la jueza dice que son 36 y para poder decir eso han utilizado una analítica realizada por el laboratorio del Ministerio de Cultura», el cual consideran que no es imparcial dado que los grafitos adelantarían la aparición del euskara, lo cual «pone patas arriba su teoría de euskaldunización tardía».

Por otro lado, para defender que también esos 36 grafitos son verdaderos, la plataforma aseguró que el perito dijo que los metales modernos encontrados en los mismos no eran consecuencia de la inscripción misma, sino adheridos por contacto durante la limpieza o transporte.

Según Iruña-Veleia Argitu!, la empresa Lurmen «tenía un contrato por muchos años y no tenía ningún interés económico en que aparecieran cosas raras». Añadieron que, con los platos que estaban apareciendo y con las paredes que estaban arreglando «el único que se ha beneficiado ha sido el Departamento de Arqueología de la UPV/EHU, porque ellos entraron tras la expulsión de Lurmen y cobraron millón y medio de euros. Lo primero que hicieron, el destrozo con la excavadora, esperemos que algún día Euskal Herria les juzgue por ello».

A su vez, indicaron que ahora tienen «más miedo que nunca» de que los grafitos sean destruidos, y esperan conseguir en un futuro que se hagan nuevas dataciones de los mismos para que «haya justicia». GARA

 

Cronología

ABRIL 2001

La empresa Lurmen, controlada por Eliseo Gil, firma un convenio de diez años con Euskotren para la excavación de Iruña-Veleia por 3,7 millones de euros públicos.

JUNIO 2006

El equipo dirigido por el arqueólogo Eliseo Gil presenta los supuestos hallazgos. Eran piezas «extraordinarias» de cerámica y ladrillo de los siglos III, IV y V.

NOVIEMBRE 2006

Catedráticos en la materia expresan de manera pú́blica sus sospechas sobre la autenticidad de los grafitos.

ENERO 2007

Tres arqueólogos que formaban parte del equipo de Gil entre 2002 y 2006 abandonan las excavaciones. Carlos Crespo, Miguel Á́ngel Berjóń y José Ángel Apellániz denunciaron en una comparecencia pública que «todos los grafitos excepcionales solo fueron detectados en el proceso de lavado, nunca al salir de la tierra». Revelaron que muchos de los grafitos, además, fueron almacenados durante diez meses y que después se vieron las inscripciones.

NOVIEMBRE 2007

La Diputación de Araba crea en las Juntas Generales una comisión científico-asesora para estudiar el caso. Un año después presenta un informe demoledor.

MARZ0 2009

Con Lorena López de Lacalle al frente de Cultura, la Diputación alavesa lleva el caso a los tribunales ante la sospecha de «estafa». Los años siguientes transcurren con la opinión de expertos de uno y otro lado que sostienen ambas teorías.

MAYO 2017

El Juzgado de Instrucción nº1 de Gasteiz cierra el auto para procesar, once años despué́s de presentar los hallazgos, a Eliseo Gil, Óscar Escribano y Rubén Cerdán.

FEBRERO 2020

Arranca el juicio contra los responsables de la excavación tras once años de espera.