Los 750.000 millones que la Unión Europea dedicará al programa “Next Generation EU”, con el que pretende estimular la economía y superar la crisis provocada por la pandemia, han levantado enormes expectativas que es conveniente matizar. De entrada y para poner esa cifra en perspectiva, cabe señalar que el Gobierno alemán no descarta gastar esa misma cantidad él solo si para superar la crisis considerara necesario ampliar el gasto ordinario ya presupuestado. Es decir, es un volumen importante, pero no parece la panacea.

En segundo lugar, en este momento lo único que contiene el programa es un alto grado de indefinición. Se habla de transición ecológica, de transformación digital de la economía y también de reformas estructurales. Este último epígrafe equivale a hablar de más recortes en derechos laborales y sociales, y en la reforma de las pensiones.

En cualquier caso, si transición ecológica es que a partir de ahora cualquier artefacto que se fabrique vaya a usar baterías, y la economía de todos los países va a girar en torno a la producción de baterías de litio, será imposible evitar un colapso. Para empezar, porque difícilmente habrá suficiente materia prima para todos, incluso si no se cortara con la rapiña de los recursos naturales de Bolivia, que cuenta con las mayores reservas mundiales de este metal.

Eso de que todo el mundo haga lo mismo suele provocar que la demanda sobre determinados productos y materias primas se dispare. Y, ante una avalancha, lo normal es que la capacidad de producción no sea lo suficientemente grande y flexible como para satisfacer a todos, lo que suele provocar el crecimiento del precio de los productos clave –ciertas materias primas o componentes–, lo que puede servir para dar impulso a un crecimiento de la inflación más allá de lo deseado. Un tema muy a tener en cuenta ahora que proliferan los llamamientos a desarrollar una economía verde y los programas como el “Green New Deal” impulsado por algunos demócratas estadounidenses. En economía no todo es escalable ni instantáneo. Suele hacer falta tiempo e inversiones intermedias para alcanzar determinados volúmenes de producción.

Es por esa razón que, más que centrarse en cosas concretas que todos quieren hacer a la vez –como si de una nueva fiebre del oro se tratara– y que parece que es lo que a grandes rasgos sugiere el citado programa europeo, tal vez convendría centrarse en analizar los recursos disponibles, los puntos fuertes de la economía, y proponer una trayectoria propia. Un planteamiento de ese tipo necesita un amplio debate social y político para el que no se ve demasiada voluntad.

Las salidas a cualquier crisis suelen ser el resultado de un debate que articula una visión a largo plazo. A partir de ahí, las conclusiones se plasman en un programa en el que se plantean objetivos concretos, una reorganización de los recursos ya disponibles y una mejora de la organización. Requiere, por tanto, un trabajo previo que en nuestra sociedad de la inmediatez tampoco es muy usual.

En cualquier caso, todo este trajín con el programa “Next Generation EU” ha puesto sobre la mesa la necesidad de un gasto complementario. La economía necesita que haya más demanda; eso, en este momento, nadie lo pone en duda. Sin embargo, dependiendo de cómo sea esa demanda, los efectos en la economía, el empleo y el medio ambiente serán diferentes. Hay al menos cuatro cuestiones a tener en cuenta. La primera ya se ha comentado en los párrafos precedentes: si todos los Estados se guían por el mismo plan y quieren hacer lo mismo, es posible que tarde o temprano se formen cuellos de botella que estrangulen la recuperación y que, además, provoquen inflación.

Por otra parte, impulsar la demanda no quiere decir que haya que recuperar las políticas keynesianas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El estímulo de la demanda por medio de la licitación de obra pública y de grandes infraestructuras –que sigue siendo el modelo predominante en nuestro pequeño país– tiene un recorrido cada vez más limitado. En primer lugar, porque no suele crear puestos de trabajo estables, ni directos ni indirectos, en la medida que las contrataciones, como las obras, tienen un principio y un final. Además, los sindicatos han denunciado reiteradamente las pésimas condiciones de trabajo que se dan en las largas cadenas de subcontratas que permiten que los beneficios se acumulen en unas pocas manos. Y, además, el uso que se da a las nuevas infraestructuras a menudo no compensa ni económica ni socialmente la inversión realizada.

En tercer lugar, conviene considerar el contexto. En Europa, y sobre todo en las regiones del sur, los presupuestos públicos llevan una década de recortes que han tenido especial incidencia en los servicios públicos, con un aumento de las ratios, del personal eventual y con una prolongada falta de inversiones. En la actualidad, los servicios públicos acumulan grandes déficits, tal y como ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Se había ahorrado en todo y al final no había material de protección ni siquiera para los sanitarios. Es lo anecdótico, pero describe perfectamente la realidad. Cualquier programa de impulso de la demanda debería considerar la situación del sector público y, sobre todo, el transcendental papel que ha desempeñado durante la pandemia como herramienta de salud pública, empleo y sostén social.

Por último: si ahora nadie pone en duda que es necesario estimular la demanda, qué mejor forma de hacerlo que aumentado los salarios, especialmente los más bajos, y revalorizando las pensiones. La gente gastará los recursos complementarios en la economía local, fortaleciendo el tejido productivo y creando nuevos empleos. Y en este aspecto es crucial que el salario mínimo continúe subiendo.

Si se empieza por arreglar las cuestiones sencillas que afectan directamente a la vida de la gente, es posible que por el camino surjan nuevos proyectos, diferentes, más apegados a la realidad local y a las necesidades de la gente, y no a los intereses de las grandes multinacionales.