El secretario para Irlanda del Norte del Gobierno de Boris Johnson, Brandon Lewis, confirmó ante la Cámara de los Comunes lo que muchos esperaban. A saber, que no removerá las aguas fecales de sus cloacas, que no arrojará luz sobre la colaboración entre la alta jerarquía del Ejército británico y los pistoleros paramilitares que mataron a tiros en 1989 a Pat Finucane, prominente abogado republicano y activista por los derechos humanos. «No es momento establecer una investigación pública», declaró Lewis, pero «no descarto la posibilidad de una investigación pública en otro momento».

Añadió que es «importante» permitir que las investigaciones del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) y del Defensor del Pueblo «avancen» e incidió en la necesidad de «evitar el riesgo de perjudicarlas con conclusiones precipitadas».

Nada más conocer la noticia, la familia Finucane prometió continuar su campaña para una investigación pública completa. «Las preguntas que exigen respuestas sobre el asesinato de Pat no van a desaparecer, y tampoco nuestra campaña por la verdad y la justicia», dijo la viuda de Finucane, Geraldine –herida en el atentado mortal contra su marido–, tras la decisión. Describió la decisión de Londres como «otro insulto más que se suma a una herida profunda y duradera» y la consideró la demostración que el Ejecutivo británico «no tiene intención de admitir su papel en el conflicto» y tampoco «el alcance y la profundidad» de la connivencia de las Fuerzas Armadas británicas con los paramilitares unionistas», que «es lo que el Gobierno teme sea expuesto».

John Finucane, hijo del abogado que vio morir a su padre tiroteado al recibir catorce balazos mientras cenaba con su familia y parlamentario de Sinn Féin en representación del distrito norte de Belfast, calificó de «vergonzosa» la negación de una investigación pública y añadió que esa decisión «coloca al Gobierno británico en una larga lista de Estados canallas que se sienten cómodos actuando fuera de la ley, dirigiendo escuadrones de la muerte seguro de contar con una total impunidad».

Escuadrones de la muerte

Patrick Finucane desafío al Ejecutivo británico en varios casos importantes de derechos humanos durante la década de los 80. Fue abogado de Bobby Sands y de otros huelguistas de hambre del IRA y del INLA que murieron durante la protesta de 1981. En 1989 los paramilitares unionistas de la Asociación de Defensa del Ulster (UDA), actuando en connivencia con los servicios de Inteligencia británicos, lo abatieron y 22 años después, en 2011, el primer ministro británico, David Cameron, se reunió con la familia Finucane y admitió por primera vez la colusión, aunque todavía no se ha procesado a ningún miembro de los servicios de seguridad británicos.

Acordaron nombrar a un juez internacional que revisaría el «caso Finucane» y si se encontraban pruebas de colusión, se recomendaría una investigación pública. El Gobierno británico incumplió esta promesa a la familia de Finucane después de que el juez encontró evidencias de colusión. El “Daily Telegraph” citó a una fuente no identificada que afirmó que David Cameron dijo que «hay gente en estos edificios que no permitirá nunca que eso suceda».

En ese fallo se hablaba de escuadrones de la muerte de un tipo normalmente asociado con las dictaduras latinoamericanas de la época. Y no participaron unos pocos soldados renegados de bajo rango, sino que se descubrió que la jerarquía militar británica estableció una unidad dedicada a la eliminación de figuras republicanas

Britainiarren gerra zikinaren zigorgabetasuna

Gobernu britainiarrak uko egin dio 1989. urtean Pat Finucane Irlandako abokatu errepublikano ospetsua hil zuteneko ekintza publikoki ikertzeari. Horretara behartu zuten epaitegiek, baina beste behin ere Armada britainiarrak zuzendu zituen heriotza-eskuadroien zigorgabetasuna mantentzea lehenetsi du, Finucane familiari egia eta justizia ukatuz, zabalik dirauen bere zaurian gatz gehiago botaz. Errepublikanoek borroka horri ez diotela uko egingo berretsi dute eta erabakia, britainiarren estolderia eta gerra zikinaren zigorgabetasunaz gain, Irlandako gatazkan duten ardura ezkutatzeko ahalegina dela salatu dute.