Quienes vienen defendiendo que, para bien o para mal, la salida a la cuestión de los presos tiene un fuerte componente de voluntad política, ayer viernes se desayunaron con una prueba irrefutable para sustentar su tesis. Lo que no ha sido posible durante años, pese a las peticiones de la mayoría insular en respaldo de las demandas cursadas antes por los abogados de los presos corsos concernidos por el estatus DPS, se despejaba en apenas unas horas.

El Gobierno francés, tras una reunión telefónica entre el presidente de la Colectividad de Corsica, Gilles Simeoni, y el primer ministro, Jean Castex, al que escoltó el titular de Interior, Gérald Darmanin, daba satisfacción, grosso modo, a una de las tres demandas que explicitó en la reunión el líder nacionalista.

Así las, cosas, y después de retirar el estatus DPS «al haber desaparecido el riesgo de fuga» a Yvan Colonna, en estado de coma tras la agresión que sufrió el 2 de marzo en la cárcel de Arles, en un acto calificado de «inhumano» y de «provocación» por los representantes legales de la familia Colonna, ayer Castex extendió la decisión de sacar de esa clasificación especial a los otros dos corsos que siguen en prisión por la muerte del prefecto Claude Érignac (1998)

El DPS les era retirado así a Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, que llevan dos décadas en prisión al haber sido condenados, como Colonna, a la cadena perpetua, y que han solicitado, como él, en reiteradas ocasiones que se les quitara esa clasificación de peligrosidad a fin de poder aspirar a un régimen normalizado y, en particular, a su repatriación a la cárcel de Borgo. También organizaciones como la Liga de Derechos Humanos (LDH) se han pronunciado en repetidas ocasiones y hasta han respaldado manifestaciones para exigir que se aplique la ley ordinaria a presos corsos y vascos.

El presidente de esa organización, Malik Salemkour, alertaba a través de una tribuna de opinión publicada el 23 de febrero en el digital Médiapart sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de ese «bloqueo injustificado» impuesto por el Gobierno de Emmanuel Macron a la cuestión de los presos con más años de prisión a sus espaldas. Es el caso de Yvan Colonna, Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, con una veintena de años en prisión, pero también de Ion –y Unai– Parot y de Jakes Esnal, que han superado ya la barrera de los 30 años de encierro.

Un contexto de fuerte tensión

La decisión de retirar el DPS a Alesandri y Ferrandi fue saludada como «un paso importante» por Gilles Simeoni, quien, sin embargo, recordó que se trata de una aplicación de la ley que ha demandado desde hace años la mayoría política y social en Corsica y «de forma particular la juventud» en las acciones de protesta que se suceden estos días en la isla. De ahí que, a partir de ese paso, Simeoni emplazara a París a abordar sin demora «gestos más profundos» que permitan relanzar el diálogo político entre Corsica y el Estado.

Esa demanda figuraba ya en la tabla que expuso a Castex, junto al apoyo de la mayoría macronista a la creación de una comisión independiente para aclarar las circunstancias en las que se produjo el «intento de asesinato» de Yvan Colonna.

Desde que se conociera que un preso de 36 años de edad condenado por «radicalización islamista» trató de «estrangular y ahogar» a Colonna mientras el corso de 61 años de edad practicaba deporte, en solitario, en una sala de la prisión, según consta en el informe de la propia Fiscalía antiterrorista, las marchas y protestas a pie de calle no cesan en Corsica.

10.000 personas marcharon el 6 de marzo en Corti, la capital histórica de la isla. Y para mañana, domingo, se anuncia una nueva marcha unitaria, esta vez en Bastia.

Entre ambas convocatorias se han producido bloqueos de centros de estudios y de puertos, vigilias en plazas y, casi a diario, enfrentamientos a las puertas de las prefecturas o del propio Tribunal de Aiacciu, cuya fachada amaneció ennegrecida horas antes de que, a golpe de teléfono, Jean Castex desatascara una cuestión de justicia.