El interrogatorio al suboficial 5.351 abre paso a pedir más imputaciones
El largo interrogatorio al que ayer fue sometido el suboficial 5.351, que mandaba en una de las furgonetas de la Ertzaintza que intervino en la carga que acabó con la vida de Iñigo Cabacas, abrió paso a que las partes, y en especial la acusación particular, puedan pedir nuevas imputaciones y acciones judiciales. El agente, cuya identidad según documentación oficial es Pedro María Muriel, confirmó que ordenó a sus agentes coger el material antidisturbios y cargar.
El suboficial con número de identificación 5.351, que según documentación oficial corresponde a Pedro María Muriel, reconoció ante la juez Ana Torres que se encontraba al mando de la furgoneta F96-14CB en la noche en la que hirieron mortalmente a Iñigo Cabacas y que ordenó disparar a sus agentes.
El acto judicial de ayer fue largo, se extendió desde aproximadamente las 10.30 hasta las 15.30 de la tarde, y en el transcurso del mismo se escucharon las grabaciones de radio que ya hicieron públicas GARA y NAIZ en abril del pasado año.
Según fuentes conocedoras del caso, el suboficial 5.351 no es quien en esas conversaciones indica a Ugarteko que la situación está controlada pese a lo que el centro de mando ordena «cargar con todo», como erróneamente informó este diario. Se trataría del agente que a las 23.42.21 sostiene, tras varias cargas, que «tenemos controlada la zona, más o menos», y pide «que venga una ambulancia». «Es un ciudadano, sí -afirma-; no sé si es un pelotazo o se ha desmayado, no sé». Ugarteko responde por radio con un cínico: «Vale, vale, se habrá desmayado».
En su declaración, se reafirmó en lo dicho en el interrogatorio policial: que acudieron a «la zona de la herriko» cuando oyeron que había incidentes; que mandó a sus agentes vestir los chaquetones rojos y que se colocasen el material antidisturbios. Según su versión, ordenó cargar cuando estaban siendo agredidos con el lanzamiento de objetos. Primero realizaron salvas sin pelota y, al ver peligrar «su integridad física», ordenó una carga con pelotas de goma.
Con la de ayer, se cierran las declaraciones de los únicos cuatro imputados por el momento, este mando y sus tres agentes que reconocieron haber disparado. Se sabe que hubo muchos más pelotazos, pero nadie admite haberlos disparado.
Nueva fase
Tras estas declaraciones y la de un testigo que ofreció también nuevos datos, las partes pedirán nuevas actuaciones. La acusación particular tiene claro que debe haber más imputaciones, no solo porque hubo más agentes que dispararon, sino también porque deben dilucidarse responsabilidades en toda la cadena de mando, en la que ya hay varias personas identificadas por cargo y lugar en el que se encontraban.
Además, la juez deberá responder a los recursos presentados respecto a decisiones anteriores y a los requerimientos realizados por las partes.
La Ertzaintza paga un seguro anual de 362.000 euros de responsabilidad civil
El presupuesto del Gobierno de Lakua contempla en las partidas destinadas a la Ertzaintza el pago de 362.000 euros para un seguro de responsabilidad civil que, según respondió el Departamento de Seguridad a una pregunta parlamentaria de EH Bildu, cubre los gastos de defensa jurídica en los que puedan incurrir los agentes del cuerpo. La Consejería sostiene que la Ley de Policía de la CAV le obliga a hacerse cargo de los abogados de los ertzainas; en este caso, de los imputados en la muerte de Iñigo Cabacas.
La ley establece que «los miembros de la Policía del País Vasco tendrán derecho a ser representados y defendidos por profesionales designados por la Administración pública de la que dependan», pero en este caso no son letrados del Gobierno quienes los defienden, sino los miembros de un bufete bilbaino al que, habitualmente, han encargado su defensa diversos dirigentes del PSE, entre ellos, Rodolfo Ares. I. IRIONDO