A falta de la indiscutida bendición de las bases, el PNV ya tiene candidato a lehendakari. Se trata de Iñigo Urkullu, actual presidente del EBB. En caso de que alcanzara el objetivo de llegar a Ajuria Enea, el partido tendrá que desarrollar un nuevo proceso de elección para la máxima representación de su dirección nacional.
La nota remitida a media tarde por el PNV destacaba que la nominación de Urkullu se había producido por unanimidad. Una comisión formada por los cinco presidentes de las ejecutivas territoriales jeltzales (Andoni Ortuzar, Joseba Egibar, Xabier Agirre, Manu Aierdi y Txaro Goikolea), la secretaria del EBB, Pilar García de Salazar, y el burukide Joseba Aurrekoetxea fue la encargada de proponer a la dirección, también por unanimidad, el nombre del candidato.
El proceso de elección del candidato a lehendakari, así como de candidatas y candidatos al Parlamento -entre ellos el de la presidencia de la Cámara- para las próximas elecciones autonómicas, comenzará en los próximos días y culminará el 5 de julio, día en que se reunirá la Asamblea Nacional de PNV.
La nominación tiene lugar después de una primera fase en el que las bases aportaron diversos nombres para ocupar ese puesto. En el listado, además de Urkullu, apareció con fuerza la candidatura de Juan José Ibarretxe. Sin embargo, según anunciaron desde el propio EBB, el exlehendakari se dirigió personalmente a la Ejecutiva jeltzale para informarles de que se encontraba volcado en su actividad académica y no deseaba volver a competir por llegar a Ajuria Enea.
Afiliado desde los 15 años
Nacido en Alonsotegi el 18 de septiembre de 1961, Iñigo Urkullu es diplomado en Magisterio-Filología Vasca, experto en gestión de centros de ocio por la Universidad de Deusto y profesor funcionario de carrera de Educación en excedencia. Está casado y tiene tres hijos.
Se afilió al PNV con 15 años, cuando el partido todavía no era legal. Militando en EGI, vivió desde dentro los momentos convulsos internos que se dieron en los años 78 y 79 y que afectaron a las juventudes.
Las guerras intestinas entre Xabier Arzalluz y Carlos Garaikoetxea, y la escisión de EA, le pillaron siendo de los más jóvenes miembros del BBB. Ha sido, además, representante y presidente de Mesa en la Asamblea Nacional del PNV (1992-1994) y patrono y miembro de la Junta Rectora de la Fundación Sabino Arana (1995-2000). En el ámbito institucional, fue director de Juventud y Acción Comunitaria de la Diputación Foral de Bizkaia (1987-1994) y parlamentario en la Cámara de Gasteiz desde 1994 hasta 2008.
Formó parte del grupo de jóvenes cuadros del PNV de Bizkaia, llamados entonces "jobuvis" (acrónimo de jóvenes buru- kides vizcainos) que fue tomando el mando del partido en este territorio. En 1996 el grupo demostró que controlaba ya el PNV de Bizkaia al derrotar al veterano Luis María Retolaza en la elección para el BBB.
Entonces el nuevo presidente del PNV vizcaíno fue otro veterano, Javier Atutxa, pero Urkullu ya ejerció como número dos y portavoz de esa ejecutiva. Y cuatro años después, en 2000, le sustituyó al frente de Bizkaia cuando se retiró.
Hombre de "consenso"
La mano de Iñigo Urkullu y su grupo de influencia se adivinó detrás de la presentación de Josu Jon Imaz para presidir el EBB. Una victoria ajustada y un creciente malestar interno con la gestión de Imaz y su línea divergente con Juan José Ibarretxe llevaron al PNV a una situación muy difícil.
La decisión de Imaz de no volver a presentarse forzaron a Urkullu a dar el paso de optar él mismo a presidir el EBB, para lo que fue elegido en diciembre de 2007. La traumática experiencia de los cuatro años anteriores dio lugar a un pacto interno entre sectores que garantizaba determinados equilibrios.
Apaciguado el partido, fue elegido nuevamente como presidente del EBB en enero de 2012. Pero en esta ocasión, los equilibrios se han roto y Urkullu se ha hecho con la mayor parte del control interno del PNV. Ahora va a por el externo.
El lehendakari, Patxi López, celebró en la tarde de ayer en la sede de la Lehendakaritza, junto con el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, y la titular de Empleo y Servicios Sociales, Gemma Zabaleta, un encuentro con representantes de agentes y colectivos sociales y sanitarios para debatir sobre el modelo de bienestar de la CAV. El acto se trasmitió también por internet, tanto a través de la web gubernamental como de diferentes redes sociales. López defendió un modelo de bienestar en el que lo público "tenga un papel central" y dijo estar "radicalmente" en contra del discurso neoliberal que defiende la "ley del más fuerte" y el "sálvese quien pueda". GARA
La idea de que las personas que han huido de Euskal Herria por la presión y amenaza de ETA puedan votar en las elecciones autonómicas de la CAV, y cabe suponer que también en las forales de Nafarroa, tiene mucha más fácil venta política que jurídica. Tanto el ministro de Interior, Jorge Fernández, como el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, reconocieron ayer lo complejo que resulta llevar esa propuesta a la Ley Electoral.
En primer lugar hay que partir de que, a pesar de que se han utilizado diferentes cifras como elemento de propaganda, en la actualidad no hay un solo estudio que determine de cuántas personas se puede estar hablando.
Otro gran problema que han reflejado de forma clara quienes han tratado de acercarse con cierto rigor a la cuestión, como es el equipo del Instituto Vasco de Criminología que realizó un estudio para el Departamento de Interior, es que la casuística de afectados puede ser enorme y cualquier ley que les afecte precisa de una sistematización que permita objetivar quién puede ser beneficiario de unos derechos y quién no puede optar a ellos.
Para empezar, la figura del "exiliado" o "desplazado interno" no tiene en la actualidad ningún reconocimiento en el ordenamiento legal del Estado español. Lo más parecido que puede encontrarse es la figura del "amenazado" que se ha introducido en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Allí se detalla que "las personas que acrediten sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias, por parte de las Administraciones Públicas".
Esto lleva a pensar que cualquier censo de residentes fuera de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con derecho a voto en comicios autonómicos debería estar basado en que sus integrantes no solo quisieran figurar en los listados, sino que además acreditaran debidamente su derecho a estarlo.
Por otra parte, esa misma ley contempla que el hecho de que un extranjero haya "sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista" se "considerará como circunstancia excepcional a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza". ¿Podrían también los españoles que se encuentren en una situación análoga pedir de forma excepcional su derecho a votar?
Las complicaciones legales son muchas, aunque el ministro de Interior declare que "no nos vamos a arredrar y encontraremos una solución". Además, la mayoría actual en el Parlamento de Gasteiz -incluido el Gobierno de Patxi López- es contraria a esta maniobra. Aun así, el Congreso puede imponerla. Pero el tiempo requerido para llevar a cabo la reforma legal y para crear un censo de posibles votantes hace difícil su implementación en las próximas autonómicas.
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