La moción ha contado con el respaldo de los 12 representantes de los grupos proponentes (PNV y Bildu) y los seis del PSE. El PP, que gobierna en el Consistorio, se ha opuesto.

Según establece el texto aprobado, el Ayuntamiento de Gasteiz solicita que, «de cumplirse los términos establecidos en la legislación vigente, por razones humanitarias», la puesta en libertad de los presos de Gasteiz «gravemente enfermos» Gotzone López de Luzuriaga y José Ramón López de Abetxuko. La primera sufre un cáncer de mama, mientras López de Abetxuko afronta diferentes problemas cardíacos.

Además, propone que, «mientras se posibilite su puesta en libertad, sean trasladados a prisiones cercanas a su lugar de origen, para que puedan recibir una correcta asistencia médica y aliviar, en la medida de lo posible, su sufrimiento, así como el de sus familiares y allegados».

Finalmente, el Ayuntamiento de Gasteiz se compromete a trasladar este acuerdo al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, bajo cuya jurisdicción y tutela se encuentran ambos reclusos.

Apoyo popular

La moción ha llegado al pleno municipal con el respaldo de más de doscientas personas entre los que se encuentra el exalcalde José Ángel Cuerda, el escritor Bernardo Atxaga, el presidente del Consejo Social, Miguel Ángel Ruiz, los antiguos electos del PSE Julio Herrero y Ana Galparsoro, el director de Artium, Daniel Castillejo, los artistas Carmelo Ortiz de Elguea y Juan Mieg, los doctores Iñaki Lete y Luís Galdós, así como los deportistas Iker y Eneko Pou.

El turno popular ha iniciado el debate con la intervención de Elo Mayo como portavoz de los ciudadanos que han firmado la iniciativa, quien ha destacado la «amplia pluralidad» de las personas que ha dado su respaldo a la propuesta para expresar su «claro compromiso con los Derechos Humanos y en contra de la privación de libertad de dos personas gravemente enfermas de la ciudad».

Según ha explicado Mayo, Gotzone López de Luzuriaga padece un cáncer de mama de tipo uno, con tratamiento de radioterapia y aparición de distintas patologías «algunas asociadas al tratamiento que recibe». José Ramón López de Abetxuko, por su parte, sufre una cardiopatía «agravada por la aparición de otras enfermedades tras su prolongada estancia en prisión».

PSE: «Dar pasos hacia adelante»

El portavoz del grupo municipal del PSE, Patxi Lazcoz, ha compartido que, tras el anuncio del cese de la actividad armada de ETA, nos encontramos en un momento político y social distinto en el que ha apostado por «dar pasos hacia adelante» y ha acordado dar su apoyo después de que los grupos proponentes hayan aceptado incluir en el texto «de cumplirse los términos establecidos en la legislación vigente».

Además, ha enmarcado este acuerdo en una política «de gestos» porque aunque el Ayuntamiento no tiene las competencias, «sí ponen de manifiesto su voluntad para que no se vuelva a repetir en la historia que la violencia tenga ningún tipo de legitimación ni política ni social, ni institucional».

PP: «No es el foro adecuado»

La concejal del PP Idoia Garmendia ha rechazado que su intención haya sido «evitar el debate», sino que ha rechazado la propuesta porque el PP considera que se trata de una cuestión que corresponde dilucidar a la ley y a los jueces. Por ello, ha considerado que es «relevante» que el Ayuntamiento no sea «el foro adecuado» para abordar una cuestión como esta.

Bildu: «Graves casos de excepcionalidad»

Desde el grupo municipal de Bildu, Kike Fernández de Pinedo ha destacado que ambos presos padecen «graves casos de excepcionalidad» como «la dispersión, el hecho de que deberían estar en la calle por haber cumplido más de tres cuartas partes de su condena, y que se trata de presos gravemente enfermos». «Pedimos stop a las excepcionalidades y stop a las políticas de venganza», ha señalado.

PNV: «Es necesario dar pasos en la dirección adecuada»

El concejal del PNV Alvaro Iturritxa, por su parte, ha resaltado que la aplicación de la denominada ‘Doctrina Parot’ supone para ambos presos una acumulación de penas que «desde todo punto de vista y también desde los organismos internacionales, está sancionada y considerada una irregularidad». Además, ha señalado que en el actual momento, «es necesario dar pasos en la dirección adecuada desde las instituciones para evitar el castigo añadido que se está produciendo en las personas privadas de libertad».