«Queremos convertir una institución republicana como es el matrimonio en una institución universal», ha clamado la ministra de Justicia, Christian Taubira, encargada por el Ejecutivo francés de defender un texto que supone el cumplimiento de una de las promesas electorales del presidente, François Hollande.

Taubira ha hablado en un ambiente tenso, lo que augura un debate duro con la oposición que ha hecho de esta ley uno de sus principales acicates para atacar al Gobierno francés, como ponen de manifiesto las 5.300 enmiendas presentadas al texto.

La derechista UMP, que viene apoyando las manifestaciones contra la ley del matrimonio homosexual, pretende llevar al Parlamento la discrepancia que hasta ahora se había expresado en la calle y en los medios de comunicación.

Su principal reivindicación consiste en la retirada del texto y en que Hollande convoque un referéndum sobre la cuestión.

Pero ni esta petición, ni la multitudinaria manifestación del pasado día 13, que según los organizadores reunió en París a un millón de contrarios a las bodas entre personas del mismo sexo han desviado la voluntad del Gobierno de seguir adelante con su texto.

El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, ha asegurado que su mayoría parlamentaria les legitima para presentar un texto que reconoce un derecho a una parte de la población.

El jefe del Gobierno ha recordado que los conservadores ya se opusieron en 1999 a la ley de parejas de hecho para los homosexuales que ahora consideran como buena.

Avance

«Cada vez que hemos hecho progresar la igualdad en nuestro país se han generado dudas e inquietudes, pero una vez adoptadas esas leyes se han considerado como un avance de toda la sociedad francesa», ha dicho Ayrault, que ha augurado que la oposición no derogará la ley de los matrimonios homosexuales.

En la misma línea, Taubira ha asegurado que la ley pretende equiparar los derechos de las parejas homosexuales con los que tienen los heterosexuales y ha asegurado que su texto incluirá la posibilidad de adoptar.

Ha acusado a la oposición de «egoísmo» por querer «reservar una institución a una sola parte de la población» y también de «hipocresía» y de crear «campañas de pánico» para confundir a la opinión pública sobre las consecuencias para los niños de esas parejas de personas del mismo sexo.

La adopción es, precisamente, el principal punto de controversia de la ley y también el elemento que más división crea entre los franceses.

Los sondeos indican que más del 60% de los franceses apoyan la legalización de los matrimonios homosexuales, pero solo la mitad son favorables a autorizarles a adoptar niños.

«Esta ley supone en sí misma la negación de las diferencias entre los dos sexos, de la procreación y de la relación con el niño. Supone otorgar el derecho a dar hijos a parejas que las leyes de la naturaleza no les da», ha afirmado el diputado conservador Henri Guiano, muy próximo al expresidente Nicolas Sarkozy.

«El Gobierno tiene miedo a plantear el auténtico problema. Si se autoriza la adopción, se abre la puerta a la procreación asistida de las parejas del mismo sexo», aseguró el presidente del grupo parlamentario de la UMP en la Asamblea Nacional, Christian Jacob.

El texto presentado por el Gobierno no incluye esa posibilidad, que permitiría a una pareja de lesbianas recurrir a la fecundación artificial para tener hijos, lo que supone una de las peticiones de los colectivos homosexuales.

El Ejecutivo lo ha sacado a última hora de su proyecto de ley y se ha comprometido a presentarlo en otro sobre la familia que será debatido a partir de marzo próximo.

Pero ecologistas y comunistas han presentado varias enmiendas que obligarán a los diputados a debatir sobre ese asunto.

Las enmiendas también han sido utilizadas por otros parlamentarios para obstruir el debate.

Para tratar de ridiculizar la ley del «matrimonio para todos», el ultraderechista Jacques Bompard ha presentado varias enmiendas en favor de la poligamia, del incesto o de las bodas con menores.