Según han confirmado fuentes judiciales a NAIZ, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los militantes políticos Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta dentro del denominado ‘caso Bateragune’, que la defensa interpuso en junio de 2012.

El alto tribunal español ha emitido una providencia en la que solicita al Tribunal Supremo y a la Sala 4ª de lo Penal de la Audiencia Nacional que en el plazo de diez días les remita las actuaciones correspondientes al recurso de casación.

Además, da el mismo plazo a las acusaciones para que se personen si lo desean.

El Tribunal Constitucional se ha tomado once meses para admitir a trámite la demanda, cuando casi todos los encausados ya han cumplido el 60% de su condena.

Una vez conocida la noticia, la atención se fija sobre una derivada: la posibilidad de que el TC decrete la libertad de Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Rafa Díez de modo cautelar, para evitar daños mayores en el caso de que finalmente revocase las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo.

No existe plazo para decidir sobre el fondo del asunto. El TC puede hacer lo que quiera, como ha demostrado ya tomándose casi un año para decidir sobre la admisión a trámite. Y tampoco lo hay estrictamente sobre la petición de libertad cautelar, aunque aquí sí existen unos plazos tasados para lanzar la demanda de excarcelación.

Una vez admitido a trámite el recurso, el Constitucional deberá estudiar la petición de la defensa de que se suspenda la ejecución de la condena mientras resuelve sobre el fondo del asunto, según han explicado fuentes de la defensa. El TC puede tomarse el tiempo que considere para emitir una resolución al respecto, tanto favorable a la libertad de los encausados como contraria.

«Conforme se solicita por la parte actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión», señala en su providencia.

En prisión desde 2009

Los cinco condenados permanecen en prisión desde que el 13 de octubre de 2009 decenas de agentes de la Policía española entraran en la sede del sindicato LAB en Donostia, donde detuvieron a Otegi, Díez, Rodríguez, Jacinto y Rufi Etxeberria. En otros puntos de Euskal Herria eran arrestados Mañel Serra, Miren Zabaleta, Amaia Esnal y Txelui Moreno.

En setiembre de 2011 la Audiencia Nacional española condenaba a diez años de cárcel a Otegi y Díez por «pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente» y a ocho años a Zabaleta, Rodríguez y Jacinto por «pertenencia». Txelui Moreno, Mañel Serra y Amaia Esnal fueron absueltos.

Meses después, en mayo de 2012, llegaba el fallo del Tribunal Supremo. Por un estrecho margen, un dividido tribunal no estimó los recursos de la defensa, aunque admitió una rebaja de pena. A Otegi y Díez les impuso seis años y medio de cárcel, mientras que el resto vio reducida su condena de ocho a seis años.

Tres de los magistrados –Juan Saavedra, Manuel Maza y Juan Ramón Berdugo– avalaron la sentencia. Los otros dos emitieron votos discrepantes.

Los procesados, impulsores del cambio estratégico en la izquierda abertzale, fueron acusados de haber intentado reconstruir Batasuna tras su ilegalización.