Una delegación de Covite, liderada por su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha acudido al tribunal de La Haya para solicitar una investigación contra miembros de la izquierda abertzale, así como otras ocho personas a las que relacionan con ETA.

Las once personas que Covite pide investigar son los políticos abertzales Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como Josu Urritikoetxea, José Luis Eziolaza, Tomás Elorriaga, Juan Cruz Maiztegi, Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.

Según informa la agencia Efe, el colectivo entregará esta mañana en la oficina del fiscal un extenso escrito jurídico en el que aseguran que estas once personas han sido «destacados dirigentes de la organización ETA-Batasuna a partir del 1 de junio de 2002».

Covite explica que todos ellos «propiciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad» y que, según señalan, consistieron en un «ataque sistemático contra la población civil» sin que hubiera «un conflicto armado» puesto que «nunca intervinieron las fuerzas armadas en este ataque, dado que la Guardia Civil solo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar».

Justifica que la «rama política de ETA», al referirse a la izquierda abertzale, «planificó estos crímenes en una estrategia que denominó socialización del sufrimiento».

Recuerda que desde junio de 2002 «ETA perpetró 292 asesinatos selectivos, más de 40.000 personas al año fueron víctimas de persecución», y casi otras «200.000 personas tuvieron que abandonar Euskadi por esta situación, es decir aproximadamente el 10% de la población vasca».

El texto entregado en la Fiscalía señala que «estos actos contra los derechos humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial».

Respecto a Otegi, Permach y Barrena, asegura que desde junio de 2002 «han seguido desempeñando una constante labor de reparto funcional de tareas y en coordinación (más bien subordinación) con la banda terrorista ETA».

Covite asegura que «hasta ahora no se ha investigado ni perseguido a los más altos responsables de ETA ni a los ideólogos de la banda, ya que la mayor parte de las veces las investigaciones se han limitado a la búsqueda de los autores materiales de atentados concretos, como si de hechos aislados se tratara», y «ninguno de los once dirigentes acusados en este escrito han sido enjuiciados por crímenes de lesa humanidad».