La modificación introduce la posibilidad de que, tras la declaración del cese de actividad de una instalación nuclear, su titular pueda solicitar la renovación de la autorización de explotación, «salvo que existan razones de seguridad que lo impidan y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración del cese».

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha dado luz verde además a un Real Decreto que aprueba el Plan General de Residuos Radiactivos que aplicará el principio de reducir la generación de residuos radiactivos «al mínimo posible», además de cargar el coste de su gestión y la responsabilidad principal de los mismos «a quienes los hayan generado».

Además, este plan recogerá las estrategias y actuaciones «para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares».

La empresa Nuclenor, propietaria de Garoña que está integrada por Endesa e Iberdrola, considera «muy positiva» la reforma del Reglamento, al tiempo que recuerda que será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el encargado de evaluar las condiciones de las centrales que soliciten la renovación de los permisos y establezcan los requisitos.

Araba Sin Garoña no se quedará de brazos cruzados

El colectivo Araba sin Garoña ha hecho un llamamiento «a dar una respuesta ajustada al desafío» del Gobierno. En un comunicado, Alberto Frías, portavoz de esta plataforma que aglutina a más de 500 entidades, ha advertido que no se van a quedar de brazos cruzados y que vana utilizar «todas las vías para hacer imposible la reapertura de una central con 44 años de actividad».

Frías ha denunciado este «atropello a la seguridad y la vida de las personas» y ha criticado que el Ejecutivo de Madrid se «pliegue» a los intereses «del oligopolio eléctrico encarnado por Iberdrola y Endesa».