Antes de exponer sus propuestas, Maroto ha aclarado que «estas medidas en ningún momento plantean modificar o eliminar la RGI destinada al complemento de pensiones, incluidas las no contributivas».

La primera propuesta es cerrar las puertas de la RGI a las personas en situación irregular, que al no tener documentación en regla tampoco pueden aspirar a un contrato de trabajo. «Alguien que está fuera del sistema no puede aprovecharse del sistema», ha sentenciado.

El primer edil gasteiztarra plantea elevar a diez los años necesarios de empadronamiento en la CAV. «La RGI no debe ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla. No pedimos que sean 10 años ininterrumpidos de padrón pero si un total de 10 años durante los que se ha estado empadronado en el País Vasco», ha explicado.

El tercer requisito sería «acreditar vida laboral previa y haber cotizado a la seguridad social», lo que dejaría fuera, por ejemplo, a amas de casa o jóvenes que no han encontrado aún su primer empleo. «La RGI debe ser para quien ha contribuido a la sociedad con su trabajo previo», defiende Maroto, quien excluye de este requisito a «aquellas personas con situaciones especiales como discapacidad, enfermedad crónica, enfermedad mental, etc».

También excluiría del cobro de la RGI a las personas que han cumplido condena «al menos por los delitos más graves y que generan mayor alarma social».

Javier Maroto aboga asimismo por «modificar el tratamiento del patrimonio», al considerar que «es una situación injusta que haya personas a las que se les deniegue la ayuda social por tener patrimonio sin un valor económico relevante cuando de ese patrimonio no se desprende una mejor capacidad económica que quien no lo tiene o se desconoce si lo tiene en otro país».

Su sexta propuesta es prohibir «el envío de remesas al extranjero derivadas de la RGI. Nuestro sistema de cobertura debe ayudar a quien cumple los requisitos anteriores viviendo aquí, pero no debe servir para el sostenimiento de las familias en el país de origen».

Finalmente, plantea que «los perceptores de RGI que están en edad de trabajar y no tienen problemas para ello pueden realizar trabajos en beneficio de la comunidad», si bien matiza que «en ningún caso debe tratarse de trabajos que la Administración haga de forma habitual con personal propio».

Estos planteamientos de Javier Maroto se producen después de que levantara una importante polvareda con unas declaraciones en las que acusaba a varios colectivos de inmigrantes de «vivir de las ayudas sociales» y no tener «ningún interés en trabajar o integrarse».