La magistrada ha dictado esta resolución, en la que indica su intención de tomarles declaración indagatoria en esta causa.

A Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich; y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores de Gasteiz en una protesta, el 3 de marzo de 1976.

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, ha sido solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (los miembros de ETA Txiki y Otaegi y tres del FRAP).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz -identificado como uno de los torturadores de Jon Etxabe–, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés–fue comisario en Bilbo–, y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.