Tal y como estaba anunciado, y pese a su oposición inicial, el Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha obedecido a la Fiscalía General del Estado y ha presentado la querella contra el president, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por la organización del 9N. Dado que son aforados, la querella ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que salvo sorpresa mayúscula, admitirá a trámite la demanda en la que se acusa a los tres cargos públicos de los delitos de desobediencia grave, obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, prevaricación administrativa continuada y malversación de caudales públicos.

Sobre Mas, la querella de 30 páginas recuerda que «en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno». Sobre Ortega se señala que «en su calidad de Vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, compareció de manera oficial en varias ocasiones ante los medios de comunicación». Y finalmente, de Rigau, apunta que fue responsable de «las convocatorias oficiosas» a directores de Institutos a los que «se solicitó una colaboración consistente en la cesión de locales de sus centros los días 8 y 9».

El delito más argumentado en la querella es, como se preveía, el de desobediencia, ya que es el que fundamenta el resto de acusaciones. Uno de los precedentes que utiliza la Fiscalía para sostener la acusación es el caso de Atutxa, al que recurre en numerosas ocasiones. En conclusión, según la querella, «la negativa al acatamiento de lo acordado se ha materializado en la consumación de la consulta celebrada el pasasdo 9 de noviembre».

La consulta original camuflada

La querella basa buena parte de su argumentación en que el proceso participativo «no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC». Y como argumentos explica que «la Generalitat perseveró en su empeño de llevar a cabo la consulta en la fecha indicada y con la misma pregunta».

La Fiscalía cae por lo tanto en una contradicción flagrante, apuntada por varios juristas y por los mismos fiscales catalanes en los últimos días, ya que, si el proceso participativo es la continuación del 9N original, el Gobierno no debería haber presentado un nuevo recurso, sino haber planteado un incidente de ejecución en el proceso ya abierto contra la consulta original. Este fue, de hecho, uno de los principales elementos que empujó a la Fiscalía Superior de Catalunya a oponerse a la imputación de un delito de desobediencia.

Así de claro queda en uno de los párrafos de la querella: «En defintiva, el Gobierno de la Generalitat, en cumplimiento de su designio original de celebrar una consulta materialmente referendaria sobre el destino político de Cataluña el 9 de noviembre de 2014, y conforme a las preguntas prefijadas, con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado, adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso, estableciendo una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional www.participa2014.cat».

Sobre la suspensión del proceso participativo, que no llegó hasta el 4 de noviembre, la Fiscalía sostiene que al día siguiente Mas anunció «su voluntad de desacatar el nuevo mandato del TC» y recuerda que, entre otras muchas acciones, la distribución de las urnas por la geografía catalana «siguió su curso».