Ante la presencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha asistido al debate desde el banco azul del hemiciclo, todos los grupos parlamentarios salvo el PP han votado en contra del proyecto, que ahora tendrá que superar el trámite parlamentario del Senado antes de su aprobación definitiva.

El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, ha tenido que pedir por dos veces a siete diputados de Izquierda Plural que se despojaran de las mordazas blancas con las que se habían tapado sus bocas para expresar gráficamente su rechazo al texto, aprobado por 181 votos a favor y 141 en contra.

Cuando empezaba la intervención del portavoz del PP, Conrado Escobar, se ha podido escuchar desde la tribuna de invitados «La canción del pueblo», de la obra «Los Miserables», interpretada por mujeres del grupo coral del 15M, conocido como la Solfónica, a las que Posada ha ordenado expulsar del hemiciclo.

Fernández Díaz, que no ha podido quedarse a la votación porque tenía que acompañar a los reyes a un acto en Barcelona, ha oído por boca de los portavoces de la oposición las razones que les han llevado a anunciar la derogación de la ley si el PP no repite en La Moncloa en la próxima legislatura.

«La calle no es suya. Ya sé que lo aprendió en otra época, pero es una desmesura», le ha dicho el portavoz del PSOE, Antonio Trevín, para quien la ley es una «vuelta al estado policial» y ha acusado al PP de querer cercenar las libertades políticas y civiles con la «coartada» de la seguridad.

Por CiU, su diputado Feliu-Joan Guillaumes ha expresado su rechazo a lo «más escandaloso» de esta ley; la enmienda introducida por el PP para legalizar las devoluciones en caliente. «Cuando alguien pone un pie en territorio soberano de un país que se proclama democrático, es ya una persona sujeta a derechos».

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha sido tajante al afirmar que el Ejecutivo resucita con esta ley «el viejo Tribunal de Orden Público y ha hecho un llamamiento a los agentes a que «si tienen que desobedecer órdenes» por razones humanitarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, lo hagan.

«Estado de excepción encubierto»

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, no ha ahorrado críticas al «estado de excepción encubierto» que para él representa esta ley y que da «cobertura a las tropelías» políticas del Gobierno, mientras que Joan Tardà, de ERC, ha calificado el proyecto como una «escapada hacia la locura política y al estado autoritario que no tiene freno» dando «barra libre» a la Policía para que actúe como juez.

Emilio Olabarria, del PNV, ha considerado que el texto es «difícil de defender» y ha acusado al ministro de practicar una «resistencia numantina» con la legalización de las devoluciones en caliente, rechazadas por organismos internacionales y los convenios de derechos humanos, como también ha recordado la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Toni Cantó, de UPyD, ha censurado al PP por haber «errado una vez más el tiro» y poner «bajo sospecha» a los ciudadanos cuando son los gobernantes los que lo están.

Una «auténtica espiral de restricciones de las libertades fundamentales» es para Rosana Pérez, del BNG, un texto que es «innecesario e inútil» a juicio de Joan Baldoví, de Compromís.