Según fuentes jurídicas citadas por Efe, los imputados han negado las acusaciones y han asegurado que las cantidades pagadas en 2011 se corresponden con los trabajos que se realizaron en relación con el depósito y movimiento de tierras en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte (Epele) de la AP-1.

Los imputados son el exdirector técnico de Bidegi, Agustín Zugasti, el representante de la empresa de ingeniería Eptisa-Cinsa –que ejerció la dirección de obra–, Juan Bautista March, y el de la UTE Laurena, encargada de ejecutar los trabajos, Iván Fernández de Landa.

Ninguno de ellos ha ejercido su derecho a no declarar y todos han ofrecido las explicaciones requeridas, por lo que las declaraciones se han prolongado durante alrededor de seis horas.

La Diputación les acusa de los delitos de malversación de fondos públicos –en el caso del exdirector técnico de Bidegi– y de falsificación de documentos.

El presunto fraude está relacionado con determinados movimientos y extracciones de tierras realizadas en el citado tramo y con un depósito de sobrantes de tierra, denominado Basagoiti-2, que figuró como lleno al 99,78% en las certificaciones incluidas en la liquidación final de la obra, pagada en 2011, días antes de que Bildu accediera al Gobierno foral.

Las mediciones efectuadas por los actuales gestores de Bidegi en 2014 demostraron que ese vertedero no estaba lleno, sino que en él hay 900.000 metros cúbicos menos de tierra que lo que figura en la certificación que se pagó en 2011.

Las citadas fuentes han explicado que el exdirector de obra, Juan Bautista March, ha reconocido ante el juez que el vertedero Basagoiti-2 no está colmatado y ha atribuido a un error el hecho de que figure como lleno en los documentos firmados por él mismo para liquidar la obra.

Los imputados han explicado también que el precio final que se pagó en la liquidación fue negociado con Bidegi y no fue necesaria la intervención de un organismo arbitral.

La investigación del caso continuará el próximo 26 de marzo, con la declaración en calidad de testigos de varios peritos.

Además, el juez ha llamado a declarar, el 8 de abril, a un representante de la empresa Team, que hizo una medición de la tierra vertida en Basagoiti-2 en el año 2012, en la que determinó que estaba lleno hasta la mitad, tal y como sostiene la Diputación.

Esta empresa recibió el encargo de elaborar un proyecto para rehabilitar las zonas dañadas por la construcción de la AP-1 en el la zona de Eskoriatza, dentro del cual incluyó el citado vertedero.

La medición topográfica de Basagoiti-2 se hizo en mayo de 2012, pero el proyecto completo se entregó a Bidegi en el otoño de 2013, según han indicado las citadas fuentes.