El «caso Bidegi» es la patata más caliente en manos del Gobierno foral de Markel Olano, y más aún tras la admisión de la segunda querella con cinco imputaciones y la constatación de que el diputado general tendrá que pasar por el Juzgado en calidad de testigo. Aunque ha impuesto la ley del silencio sobre este tema, que Olano no valora ni siquiera ante preguntas directas, la nueva Diputación de Gipuzkoa es plenamente consciente de ello. Así lo demuestra en las decisiones tomadas en apenas una semana.

Destaca entre ellas la reunión mantenida por Alfredo Etxeberria, nuevo director de Bidegi, con las tres personas de la sociedad pública imputadas por el Juzgado de Azpeitia (al igual que cuatro representantes de las constructoras y de la ingeniería). Según ha podido saber GARA, nada más trascender su nombramiento Alfredo Etxeberria recibió el lunes conjuntamente a Agustín Zugasti, que era director técnico de Bidegi cuando se produjo la sospechosa liquidación de la AP1 en junio de 2011 y está imputado en las dos querellas; a la técnico Mirari Azurmendi, que además es ahora concejala del PNV en Usurbil; y a la administrativa Silvia Armenteros.

Estas dos últimas personas son investigadas en la segunda querella (tramo Eskoriatza-Arlaban) por una supuesta manipulación de documentos posterior a la liquidación.

Todos tendrán que declarar ante el Juzgado en octubre, lo que evidentemente tuvo que ser objeto de la reunión del lunes dado que no hay otra conexión posible entre estas tres personas. Zugasti ya no está en Bidegi; fue despedido en la pasada legislatura, llevándose unos 300.000 euros en virtud del contrato blindado del que disponía desde 2006. En cuanto a Azurmendi, el consejo de administración saliente ha propuesto a la nueva dirección de Bidegi su despido por pérdida de confianza debido a este asunto.

Cesados sin sustituto

La nueva diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, tampoco ha esperado para tomar cartas en el asunto, y no precisamente en la línea de impulsar su esclarecimiento. Al día siguiente de su llegada anunció el cese fulminante de los directores de área anteriores, detallando expresadamente que lo hacía en el marco de sus responsabilidades en Bidegi. La destitución se produjo sin tener siquiera sustitutos, lo que resulta bastante inhabitual.

Con ello, Oiarbide aparta desde el primer momento a personas como Joseba Altube, anterior responsable de Carreteras y puesto en la picota desde el PNV junto a Larraitz Ugarte por la decisión de llevar a los tribunales los presuntos trabajos falsos en la AP1, cumpliendo el compromiso de «tolerancia cero» con la corrupción.

Oiarbide, hasta ahora juntera y también edil del PNV en Bergara, ha protagonizado agrios rifirrafes con su predecesora de Bildu, Larraitz Ugarte, en Juntas y algún plató de televisión, además de tener un papel muy destacado en la oposición al atez ate en su localidad.

Responde al mismo perfil «de combate» contra EH Bildu de otras dos figuras a las que el PNV ha ascendido en este tránsito: Eider Mendoza, nueva presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, y María Eugenia Arrizabalaga, aupada a portavoz del PNV en el legislativo relevando a Mendoza.

En cuanto a Etxeberria, ha sido alcalde de Elgoibar durante las dos últimas legislaturas y, al igual que las anteriormente citadas, tiene también un perfil mucho más político que técnico. La única relación de Etxeberria con el sector es que trabajó en empresas de máquina-herramienta antes de dedicarse completamente a la política. Oiarbide es licenciada en Filosofía y Letras y especializada en guiones de cine. Todos coinciden, eso sí, en su condición de personas de peso y de alta confianza para la dirección del PNV en Gipuzkoa, que insiste en afirmar que este «caso Bidegi» ha roto la relación «con la izquierda abertzale» para largo tiempo.

La actitud de la Diputación puede ser decisiva para que el asunto se esclarezca o no, ya que es la entidad querellante. Técnicamente cabe la opción de que el Juzgado reclame al nuevo Gobierno foral la confirmación de la querella. Pero con sus iniciativas hasta la fecha el juez instructor ya deja muy claro que observa indicios suficientes como para desarrollar una investigación amplia, lo que complica el probable deseo del PNV de cerrar el caso en falso.