El Tribunal Supremo ha iniciado este lunes el juicio de Francesc Homs, que era el conseller de Presidencia cuando se celebró el 9N, para quien el fiscal Jaime Moreno pide que sea inhabilitado para ejercer cargo público durante nueve años como autor de los delitos de prevaricación y desobediencia grave.

La vista contra Homs se lleva aparte de la que se realizó contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Ridau por la condición de aforado del primero.

Homs ha asegurado que en ningún momento tuvo la conciencia de estar cometiendo dichos delitos, ya que además la providencia de 4 de noviembre de 2014 en la que el TC ordenó la suspensión de la cita del 9N no le fue notificada personalmente sino que llegó por correo electrónico al departamento de Presidencia de la Generalitat, a diferencia de otras posteriores que sí ha recibido.

Ha insistido en que el Govern catalán tuvo que elegir entre los derechos políticos de los ciudadanos y una providencia del Constitucional que a su juicio no prohibía claramente el proceso participativo.

De hecho, ha recordado que la Generalitat pidió una aclaración al TC «y esa aclaración no se produjo», ya que querían saber si la providencia incluía una advertencia de apercibimiento, pero ha insistido en que en ningún momento el Govern pensó que estaba cometiendo algo ilegal y menos un delito.

Ha recordado que el Govern se replanteó el proceso del 9N con la participación de la ciudadanía a través de voluntarios después de que la Generalitat cumpliera la providencia de septiembre de 2014 del TC que suspendió la primera convocatoria de consulta independentista.

«Estaban en juego los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos y, al lado, una providencia inconcreta, que era un automatismo del Constitucional, algo que no es estrictamente una resolución judicial... Y en ese marco el Govern tiene que tomar decisiones», ha declarado Homs.

En todo caso, Homs ha declarado que, aún si hubiera conocido la sentencia del TC, que en 2015 consideró inconstitucional el proceso participativo, «lo hubiera vuelto a hacer».

A preguntas de su abogada, Eva Labarta, ha subrayado que «estoy aquí por un debate político», y ha considerado un error que esté sentado en el banquillo «por poner unas urnas» en un proceso en el que se quiere expresar el 80% del pueblo catalán.

Ha recordado que el anterior ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, habló con el entonces director de la Oficina Antifraude de Catalunya sobre la posibilidad de afinar un expediente ante la Fiscalía para perjudicarle a él políticamente y ha añadido que estos días se están conociendo «manifestaciones de fiscales que hablan de presiones del Gobierno de España».

Asimismo, ha denunciado que entre el 8 y el 9 de noviembre de 2014 recibió un mensaje del Gobierno español relativo a que, si no celebraba la rueda de prensa para informar de los resultados del 9N, no habría actuación de ningún tipo en su contra.

Al inicio del juicio, el tribunal ha vuelto a desestimar la petición de la defensa de Homs para que testifiquen en el juicio el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; y el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, a lo que se opuso también el fiscal.

Francecs Homs ha llegado al Tribunal Supremo con su mujer y arropado por el expresident de la Generalitat Artur Mas, parte del actual Govern y más de un centenar de personas, algunas representantes de otras formaciones políticas.