La iniciativa ha llegado al Pleno de la Cámara Baja de la mano de una proposición no de ley presentada por el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, en la que también se pedía la destitución del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí.

Finalmente, EH Bildu ha retirado la destitución de Martí para contar con el apoyo de la mayoría de grupos que han acordado una enmienda transaccional volviendo a pedir el cierre de la planta nuclear, como ya hicieran en la Comisión de Energía.

Matute ha reconocido que el de hoy era «un capitulo más en una larga historia» de una central de 47 años con 147 incidencias desde que se puso en funcionamiento, que «solo sigue abierta para ver si puede obtener lucro cesante» ya que los propietarios de la central, Endesa e Iberdrola «no necesitan Garoña».

El diputado de EH Bildu ha dicho que «el interés general debe prevalecer» por encima de todo en la decisión del Gobierno español sobre si autorizar o no la reapertura Garoña (para lo que tiene un plazo de seis meses), y ha recordado que existe una mayoría social en contra.

Matute se ha referido a la posibilidad de que el PP esté negociando el cierre de Garoña con el PNV –que también ha apoyado esta iniciativa– a cambio de contar con su apoyo a los presupuestos, asegurando que «no les importa especular con la salud de las personas».

Durante el debate, la portavoz del PSOE de Energía, Esther Peña, ha acusado al Gobierno español y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del consejo asegurara en el Congreso que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones.

Sobre las causas de esta actitud, Peña ha apuntado que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyo a renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno español quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad.

«Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales», ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.

La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el Pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no solo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado.

En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio actualmente no existe.

Mariscal ha lamentado que el cierre de Garoña «sea el pegamento que permite unir a todos los grupos de la oposición contra el PP».

El diputado del PP ha dicho que la transición energética debe hacerse a «una velocidad responsable o se generará déficit».