En una nota de prensa, la asociación Kaleratzeak Stop de Araba ha explicado que la familia de seis miembros vive en Gasteiz desde 2000 y que el padre se quedó sin empleo en 2014 y sin subsidio de paro el pasado año.
Añade que no tienen ayudas sociales y que el único ingreso es el de la madre, que tiene un contrato parcial como limpiadora y aporta 760 euros mensuales. Además asegura que el hombre tiene un cuadro de «depresión aguda severa, agravado por el riesgo de desahucio y asma bronquial, según informe de Osakidetza».
Kaleratzeak Stop explica que la vivienda habitual de la que van a ser desahuciados es de «protección oficial para su uso en arrendamiento protegidoç y que Vitalquiler demandó judicialmente a la familia en 2016 por una deuda de 2.703 euros, en parte debida a penalizaciones e intereses porque no podían pagar con regularidad y en las fechas previstas.
Añade que el desahucio se suspendió entonces y que la familia fue pagando la deuda y la renta con «mucho esfuerzo» pensando que Vitalquiler les prorrogaría el contrato de alquiler que finalizó el pasado 1 de diciembre.
Sin embargo, Vitalquiler ha rechazado la prórroga, según Kaleratzeak Stop, y ha activado el proceso de desahucio suspendido. «Sus argumentos son que la subvención social de Kutxabank finalizaba con el contrato, por cumplirse diez años, y la nueva renta sin subvención (525 euros) no iban a poder pagarla».
Además mantiene que la familia no podrá renovar el aval o fianza de 5.000 euros que les exigieron al firmar en contrato, «porque ningún banco iba a avalarles». Kaleratzeak Stop ha indicado que han solicitado en los juzgados de Gasteiz la suspensión de este desahucio y ha hecho un llamamiento a concentrarse el próximo martes si finalmente no se paraliza el alzamiento.
La asociación también ha censurado que los servicios sociales del Ayuntamiento conocen la situación de esta familia y que lo único que les proponen es que vayan al albergue municipal «cuando tienen cientos de viviendas vacíasç que podrían ser habilitadas para hacer frente a estos casos.
Finalmente ha indicado que los juzgados de Gasteiz «incumplen sistemáticamente» el convenio firmado en 2013 con Lakua y los consistorios «que les obliga a detectar familias vulnerables y menores involucrados en desalojos forzosos y pedir un informe al ayuntamiento antes de fijar una fecha de desahucio».
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