La propuesta de Título Preliminar del Nuevo Estatus Político acordada por PNV y EH Bildu consta de  doce puntos que blindan los derechos sociales y económicos, el derecho a decidir, el carácter nacional vasco y la igualdad entre hombres y mujeres.

El texto desarrolla los principios contenidos en el Preámbulo y señala que el Principio Democrático el Principio de Pluralidad y el Principio de Legalidad articularán el Nuevo Estatus Político resultante de este proceso. Fija la «voluntad popular» como «único límite de las decisiones políticas» y que «el respeto y la protección de todas las sensibilidades e ideas políticas serán los ejes de la convivencia democrática». 

En sus principios generales también afirma que el principio de legalidad «no será límite para el despliegue del principio democrático, sino el cauce adecuado para la expresión ordenada de la voluntad de la ciudadanía vasca y el marco para que todos los proyectos políticos puedan ser materializados en términos de igualdad siempre que conciten el respaldo mayoritario de la ciudadanía».

El documento reconoce que la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, «como parte integrante de Euskal Herria, a la que se reconoce su identidad nacional», constituyen, en el ejercicio del derecho a «decidir libre y democráticamente su propio marco de organización y relaciones políticas», el «sujeto político jurídico constituyente» que integran los tres territorios.

Ciudadanía y nacionalidad

Ante la polémica surgida por la distinción entre ciudadanía y nacionalidad, criticada por Elkarrekin Podemos, que ha presentado un voto particular, el portavoz de EH Bildu, Pello Urizar, ha denunciado que se ha tratado de crear una «polémica tan artificial como falsa» y ha querido dejar claro que es «la ciudadanía la que garantiza los derechos de las personas y no la nacionalidad».

«Tenemos derechos sociales, económicos y civiles en la medida que somos ciudadanos o ciudadanas», ha recordado Urizar, quien ha subrayado que por ello el nuevo estatus «garantizará todos los derechos de todos los ciudadanos vascos» y la igualdad entre todos ellos.

Ha subrayado que el reconocimiento del carácter nacional de Euskal Herria, que se contempla en la propuesta, implica admitir la nacionalidad vasca de sus ciudadanos, por lo que ha emplazado a «los que defienden la plurinacionalidad», en referencia al PSE, a aceptar este término.

Desde ese partido, José Antonio Pastor ha mostrado preocupación por que PNV y EH Bildu mantengan sus «reivindicaciones nacionalistas» e «insistan en establecer categorías ciudadanas» y en «diferenciar entre vecindad administrativa y nacionalidad», y ha confiado en que este apartado se corrija en el texto articulado que redacten los expertos.

El en texto del Título Preliminar se señala que «el nuevo Estatus Político anudará la ciudadanía vasca con la vecindad administrativa en alguno de los municipios del sujeto político», que se circunscribe a los territorios de la CAV, y apunta que «se establecerá que todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, sin ningún tipo de discriminación, dispondrán de los derechos y deberes que les reconozca el Nuevo Estatus Político y el ordenamiento jurídico vigente».

«El reconocimiento de la ciudadanía vasca y la utilización de la vecindad administrativa como punto de conexión posibilita el acceso a los servicios públicos a las personas que vivan en el sujeto político, con independencia de cuál sea su procedencia o nacionalidad», recoge la propuesta de PNV y EH Bildu.

El Titulo Preliminar acordado indica que la actualización del autogobierno se fundamentará en la decisión de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, para lo que «habrá que dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante».

De esta manera, recoge la potestad de las instituciones vascas para organizar consultas populares y referendos, tanto sobre asuntos políticos y sociales como sobre «las relaciones que desean tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado español y otros espacios políticos europeos e internacionales».

Vinculación con el Estado

El sujeto político jurídico integrado por los tres territorios estará vinculado al Estado español por una relación «singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional», que será de «respeto mutuo y no de subordinación» y estará sustentada en el «acuerdo y en el pacto que blindará el autogobierno vasco». Precisa que el autogobierno se deberá blindar con la inclusión de una fórmula de resolución de conflictos «tanto competenciales como de no intervención del modelo de comunidad política».

Además, sostiene que «deben eliminarse» mecanismos de suspensión unilateral de normas por parte del Estado y los dirigidos a la intervención de la autonomía, y establecer «procedimientos de lealtad y cooperación institucional, de foros de arbitraje y de resolución de conflictos rigurosamente igualitarios».

Gasteiz sería la capital política e institucional y continuaría siendo la sede del Parlamento y del Gobierno vasco. Trebiñu y Villaverde de Turtzioz «tendrán derecho a integrarse» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa si así lo deciden sus ciudadanos.