![Un tren de alta velocidad, en la estación de París Este. (Christophe ARCHAMBAULT/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/510/898/article_main_landscape/tav-tgv.jpg)
Los auditores europeos han visitado los Estados español y francés, Italia, Alemania, Portugal y Austria para analizar el gasto en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que representa alrededor del 50% del total del bloque comunitario.
Su principal conclusión es que, aunque «la longitud de las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad está en crecimiento, no se alcanzará el objetivo de triplicar la longitud de las líneas hasta los 30.000 kilómetros en 2030».
Según este análisis, la falta de coordinación entre los países hace que la red sea planificada y construida por cada Estado miembro de forma «aislada», lo que provoca que las conexiones sean malas.
«Las líneas de alta velocidad transfronterizas no constituyen una prioridad de construcción a nivel nacional y la Comisión no está facultada para hacer cumplir los proyectos, lo que reduce el valor añadido de la cofinanciación de la UE», ha afirmado el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, Oskar Herics.
Retrasos y sobrecostes
«Los sobrecostes y retrasos son la norma en lugar de la excepción», apuntan los auditores, que han calculado que el sobrecoste en las líneas estudiadas es de 25.100 millones de euros de media.
Además, apuntan que los trenes no alcanzan el 45% de la velocidad máxima que pueden soportar y que cinco de cada diez líneas acumulan retrasos en su construcción de más de una década.
El documento resalta que el español es el Estado miembro que ha recibido más fondos europeos para invertir en redes ferroviarias de alta velocidad, con 11.200 millones de euros desde el año 2000 hasta 2017. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.
Sin embargo, el coste per cápita de la red en el Estado español es el más alto de la UE (1.159 euros).
A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio «no se usaron adecuadamente» y que «la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas».
«En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica», señala el informe.
Una de las líneas analizadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea es la denominada ‘Y vasca’ y, aunque los auditores no entran en demasiados detalles, denuncian que las inversiones no serán viables.
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