A diferencia del Ministerio Público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de «rebelión», al no haberse producido «la violencia necesaria» para alcanzar la independencia de Catalunya.

En su escrito de conclusiones provisionales, entregado hoy en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de «autoridad» al haber «inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno» catalán.

La Abogacía les atribuye sendos delitos de sedición y malversación y pide para ellos los mismos años de cárcel que de inhabilitación absoluta.

Para el resto de exmiembros del Govern que se encuentran a disposición de la Justicia española (Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila) la Abogacía pide 7 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta.

Todos ellos constituirían un primer grupo de responsabilidad en los hechos debido a que jugaron «el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias para realizar» el referéndum del 1-O.

Un escalón más abajo estarían el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Aunque considera que ambos fueron responsables de un delito de sedición, no les atribuye el estatus de autoridad que sí tenían los entonces miembros del Govern ahora encarcelados, y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social «como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales» que exige el delito de sedición.

Cargos del Parlament

El tercer núcleo de esta actuación presuntamente delictiva, dice la Abogacía, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación puesto que, como los antiguos miembros del Govern, tenía condición de autoridad.

Por debajo estarían los entonces miembros de la Mesa Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anná Simó y Ramona Barrufet, que se enfrentan a una petición de multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para cargo público de un año y ocho meses por desobediencia grave.

El mismo delito que achaca a Joan Josep Nuet y a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya, para quienes las condenas reclamadasson de 24.000 euros de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación.

Los entonces miembros de la Mesa, a juicio de la Abogacía, «debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional».