El fallo corrige una sentencia emitida en abril de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Donostia y obliga a retirar el material extraído para esta obra, que fue depósitado en la zona alta de Belartza.

La sentencia, a la que NAIZ ha tenido acceso, invalida la licencia concedida por el Departamento municipal de Urbanismo Sostenible y Medio Ambiente –dirigida durante la pasada legislatura por Enrique Ramos (PSE)– a la constructora Valeriano Urrutikoetxea S.L.U. (VUSA).

«Debemos ratificar la conclusión anticipada de que estamos ante una licencia al margen de la licencias provisionales, que, en su caso, tampoco sería posible como tal, que no tenía amparo en la normativa urbanística aplicable, por lo que disconforme a derecho fue la resolución que la concedió, sin necesidad de entrar en consideraciones sobre la finalidad o justificación que se dio», apuntan los magistrados.

Diferentes grupos ecologistas han denunciado en reiteradas ocasiones las irregularidades que a su juicio se han venido cometiendo en este proyecto, acusando al Ayuntamiento de actuar «a favor de los intereses privados».

La situación llegó hasta tal punto que el propio Ayuntamiento, que reclamaba que se desestimara el recurso de Haritzalde, tuvo que tomar en algún momento la decisión de precintar los trabajos.

Según asegura ‘El Diario Vasco’, el Consistorio ha impuesto hasta la fecha a la constructora multas que suman 321.000 euros por no retirar esas tierras y rocas. Sin resultado por ahora.  

Haritzalde ya ha convocado para este jueves una rueda de prensa para dar a conocer su análisis de esta sentencia.