El Tribunal Supremo de Israel ha aprobado este miércoles el acuerdo entre el primer ministro saliente Benjamin Netanyahu y el hasta ahora opositor Benny Gantz para formar un gobierno de unidad.

El tribunal ha confiramdo públicamente su decisión poco después de losNetanyahu y Gantz anunciaran que jurarán sus cargos en el Gobierno el 13 de mayo para poner fin a la crisis política más larga en la historia de Israel.

El Likud de Netanyahu y el partido Azul y Blanco de Gantz acordaron el martes revisar varias cláusulas de su acuerdo después denque el Tribunal Supremo señalara que podría echarlas atrás y diera 24 horas de plazo para que fueran presentadas modificaciones.

Además, el Supremo debía analizar si Netanyahu, procesado por corrupción, en un juicio que comenzará en los próximos días, podía acceder al cargo de primer minsitro.

«No hemos encontrado ninguna razón legal que impida la formación de un gobierno por parte del primer ministro Netanyahu (...) pero esta conclusión no disminuye en nada la gravedad de los cargos» en su contra, han indicado los jueces.

Acuerdo modificado

En cuanto al acuerdo de Gobierno las principales controversias giraban en torno al periodo de seis meses en el que no se podrá aprobar legislación no relacionada con la pandemia de coronavirus, periodo en el que quedan congelados los nombramientos de altos cargos.

En este sentido, acortaron este periodo a cien días, durante los cuales la legislación relacionada con el coronavirus tendrá preferencia.

Asimismo, limitan el periodo de emergencia que arrancará con la formación del Gobierno en medio de la pandemia, si bien lo harán prorrogable, ante las dudas del Supremo por la falta de concreción sobre este punto.

Por otra parte, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, afirmó ante el tribunal que no hay motivos para que derribe el acuerdo de unidad, tras asegurar la semana pasada que no hay obstáculos legales que impidan al primer ministro formar un Ejecutivo, a pesar de su imputación por corrupción.

Netanyahu advirtió el lunes de unas posibles cuartas elecciones legislativas en poco más de un año en caso de que el Tribunal Supremo fallara contra el acuerdo de coalición o considerara que no puede formar Gobierno debido a su imputación.