El expolicía español Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', ha fallecido a primera hora de este jueves en una clínica madrileña víctima del Covid-19 a los 73 años de edad.

González Pacheco era uno de los torturadores franquistas con una orden de detención internacional por parte de la Justicia argentina. Contra él pesaba una denuncia por «delitos de genocidio y/o lesa humanidad», en la causa que abarcaba los delitos cometidos durante la Guerra de 1936 y la posterior dictadura franquista.

Medallas a su labor

El pasado 11 de febrero, un mes antes de decretarse el estado de alarma por el coronavirus, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró convencido de que se podrían retirar las medallas concedidas a ‘Billy el Niño’ gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica que había presentado el PSOE en el Congreso.

González Pacheco contaba con cuatro condecoraciones, concedidas entre los años 1972 y 1982, que le suponían un incremento del 50% en la pensión.

Durante el mismo mes de febrero, EH Bildu solicitó ante la Mesa del Congreso la hoja de servicios de González Pacheco, aunque la propuesta fue vetada con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Vox.

Más tarde, Podemos rectificó por su «error» y pidió perdón «a las víctimas de un torturador sin escrúpulos».

Procedimientos judiciales

En el plano judicial, González Pacheco se llegó a sentar en el banquillo en la Audiencia Nacional en virtud de una petición de extradición de una jueza de Argentina, país donde había sido denunciado por 13 supuestos delitos de tortura que se habrían producido entre febrero de 1971 y setiembre de 1975.

El expolicía rechazó su entrega en la vista de extradición celebrada en 2014, en la que también dijo que no recordaba «con certeza» si había cometido algún delito en el ejercicio de su profesión: «Quizá algo hace muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados».

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal denegó la extradición al considerar que los hechos habrían prescrito a los diez años de su comisión. Al haber sido denunciados en 2010 y 2012, los magistrados estimaron que «el periodo de prescripción está ampliamente cumplido».

De igual modo, rechazaron que los hechos investigados puedan ser catalogados como delitos de lesa humanidad, que no prescriben, «por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales».

Sin embargo, las víctimas volvieron a intentar que se abriese un proceso judicial por supuestas torturas durante el franquismo con la presentación el verano pasado en los juzgados de Madrid de una querella colectiva contra varios antiguos miembros de la Brigada de Información Social, entre ellos González Pacheco.

Esta querella, que acumula un total de cinco denunciantes en una única acción judicial, se suma a las 12 anteriores interpuestas en Madrid contra Antonio González Pacheco y otros expolicías.

En el Estado español se han presentado al menos 36 querellas por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad durante la última etapa del franquismo presuntamente cometidos por miembros de la Policía española y la Guardia Civil.