Con este expediente, cuyo periodo de consultas concluyó sin acuerdo, queda en suspenso el ERTE que se venía aplicando desde 2009. Fuentes de la empresa han señalado a la agencia Europa Press que su periodo de vigencia es el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, pero las condiciones son distintas, ya que en el nuevo ERTE se complementan las prestaciones públicas de empleo hasta el 65% del salario bruto.

Este nuevo expediente por causas objetivas, económicas y organizativas, se aplicará en principio en todos los centros del Estado español, lo que afectaría potencialmente a unos 8.200 trabajadores. A principios de febrero, el grupo siderúrgico ArcelorMittal informó de que perdió 2.454 millones de dólares (2.230 millones de euros) en 2019, frente a los casi 5.150 millones de dólares (4.680 millones de euros) que ganó en 2018.

Para compensar pérdidas económicas, la multinacional avisó en abril de que entre las medidas que se planteaban está la paralización de inversiones y salidas no voluntarias, con una primera oleada de entre 50 y 100 trabajadores.

En la CAV, este ERTE sí se aplicará al 100% de la plantilla en la ACB de Sestao, que se encuentra cerrada desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en otras plantas de la comunidad en principio no se va a aplicar. En concreto, en las plantas guipuzcoanas de Olaberria y Bergara se está manteniendo la actividad y cuentan con cartera de pedidos, por lo que no se les va a aplicar este ERTE.

Por su parte, la planta vizcaina de Etxebarri está funcionando, ya que produce hojalata que se destina a los fabricantes de envases para la industria agroalimentaria, por lo que, en estos momentos no se vería afectada por este ERTE, de momento, al contar también con carga de trabajo. En cambio, sí se aplicaría en el centro de transformación que Arcelor tiene en Agurain (Araba), que se encuentra parado.

Decisión «unilateral»

Ante la decisión de la empresa de plantear este ERTE, los comités de los centros de plantas de Hego Euskal Herria han rechazado esta decisión «unilateral» y han afirmado que lo impugnarán ante la justicia, al considerarlo «no ajustado a derecho».

«Esas últimas decisiones las enmarcamos en una política de empresa que especialmente en Euskal Herria, están provocando una gran pérdida de puestos de trabajo y cierre de plantas industriales», han añadido en un comunicado remitido por ELA.

Por ello, han exigido una mesa en la que, con presencia de todos los sindicatos y los representantes de industria de los gobiernos de Nafarroa y Lakua y la dirección de la empresa, se analice el futuro de las plantas y la necesidad de «abordar planes industriales, con las necesarias inversiones que en algunas plantas no se producen desde hace años».

ELA ha indicado que está dispuesta a defender «con movilizaciones y huelgas este planteamiento y estos contenidos», y ha llamado a «parar la destrucción de empleo».