El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente este viernes el recurso interpuesto por las asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa en el que reclamaban la suspensión cautelar de las restricciones horarias y de uso de las pistas de baile del ocio nocturno ordenadas por el Gobierno de Lakua, por lo que no tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada.

Según han informado a EFE fuentes de estas asociaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha resuelto este viernes el recurso interpuesto por las mismas y ha fallado suspender la ejecutividad de la orden del Gobierno Vasco referida a los horarios de cierre de pubes y discotecas, por lo que estos establecimientos podrán cerrar a las 3 y las 5 de la madrugada, respectivamente.

La Sala ha rechazado, sin embargo, la pretensión de los hosteleros de que se pueda utilizar la pista de baile de las discotecas, por lo que se mantendrá la prohibición del Gobierno Urkullu de bailar en el interior de estos establecimientos.

El tribunal no impone costas a ninguna de las partes y recuerda que este fallo es recurrible ante instancias superiores, según han avanzado dichas fuentes.

Con todo, habrá que ver el alcance real de la medida, puesto que minutos antes Gobierno español y comunidades han anunciado un acuerdo para que todo el ocio nocturno cierre antes incluso de lo que establecía Lakua: a la 1.00. Incluye además la prohibición de discotecas.

Fuentes judiciales indican que al ser de ejecución automática este auto, de momentos los bares podrán abrir hasta las tres de la madrugada y las discotecas hasta las cinco. Pero será únicamente hasta quese publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la decisión adoptada este viernes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y las comunidades autónomas de clausurar los establecimientos de ocio nocturno.

El cruce de decisiones supone un sinsentido administrativo pero más aún sanitario, porque mientras en el plano institucional se adoptan estas restricciones afirmando que son necesarias para frenar el covid-19, en el judicial predomina el criterio de que no ha problema.