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BRUSELAS/LONDRES

El Gobierno británico se muestra dispuesto a anular partes del acuerdo del Brexit

El Gobierno británico prepara un texto de legislación que podría anular partes del acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE) alcanzado en 2019, algo que amenaza con perjudicar las negociaciones comerciales entre Londres y Bruselas. Responsables europeos ya han advertido de las consecuencias de no cumplir lo pactado. 

Un manifestante contrario al Brexit, en una imagen de archivo. (Tolga AKMEN / AFP)
Un manifestante contrario al Brexit, en una imagen de archivo. (Tolga AKMEN / AFP)

Esta información, adelantada por el diario ‘Financial Times’, ha coincidido con el ultimátum dado por el primer ministro británico, Boris Johnson, para que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial para este 15 de octubre; de lo contrario su país concretará la desconexión del bloque europeo sin pacto cuando termine el periodo de transición el 31 de diciembre.

Las amenazas del Ejecutivo conservador salen a la luz antes de que empiece este martes otra ronda de conversaciones entre el negociador británico, David Frost, y el del club comunitario, Michel Barnier.

Las negociaciones no han conseguido hasta ahora avances debido a las dificultades para superar los asuntos más espinosos, como el acceso de la flota pesquera comunitaria a las aguas británicas.

Este miércoles, el Gobierno espera introducir en el Parlamento la controvertida legislación –denominada Proyecto de Ley del Mercado Interno– que puede llegar a anular aspectos clave del acuerdo de retirada sellado con la UE, que despejó el camino para la salida oficial de Reino Unido de la UE el pasado 31 de enero.

Aunque ese proyecto aún tiene que ser aprobado por el Parlamento, contempla la posibilidad de eliminar la obligación legal sobre los subsidios estatales y las aduanas con el norte de Irlanda.

En concreto, la ley podría eliminar la obligación británica  de controlar las mercancías que pasan al norte de Irlanda, como parte del acuerdo alcanzado con la UE para evitar una infraestructura fronteriza en ese lugar.

El citado proyecto de ley está pensado para asegurar un funcionamiento sin contratiempos del comercio entre Inglaterra, Gales, Escocia y norte de Irlanda una vez que el Reino Unido salga del mercado único y la unión aduanera a final de año, cuando termina el actual periodo de transición (también llamado de implementación).

La posibilidad de dar marcha atrás al acuerdo de salida ha sido recibida con inquietud por parte de algunos sectores políticos, como el Partido Nacionalista Escocés (SNP), cuyo líder en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, ha alertado de que un «Brexit duro», sin acuerdo comercial con la UE, puede ser «devastador» para Escocia porque castigará al mercado laboral de la región y toda la economía escocesa en medio de la pandemia del covid-19.

«Al amenazar con perjudicar las obligaciones internacionales del Reino Unido e imponer a Escocia un catastrófico Brexit sin acuerdo en contra de nuestra voluntad, el primer ministro está demostrando que no se puede confiar en él y está poniendo de manifiesto la necesidad de que Escocia sea un país independiente», ha declarado este lunes Blackford a los medios británicos.

Además, la portavoz del Partido Laborista en el norte de Irlanda, Louise Haigh, ha acusado este lunes al Gobierno de Boris Johnson de «jugar otra vez a un juego peligroso en Irlanda del Note y sacrificar nuestra posición internacional» por la «incompetencia» del primer ministro.

Mensaje de Johnson

En un comunicado divulgado este lunes por el Gobierno, Johnson ha dicho que «tiene que haber un acuerdo con nuestros amigos europeos antes del Consejo Europeo del 15 de octubre si va a entrar en vigor antes de final de año», por lo que ha dado a entender que no teme que finalmente no se alcance una acuerdo comercial.

Para el primer ministro, «no tiene sentido pensar en plazos que vayan más allá (del 15 de octubre). Si no nos ponemos de acuerdo para entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página».

Johnson ha aludido a los puntos de discrepancia, sin citarlos, como los subsidios estatales o la pesca, y aseguró que el Reino Unido no renunciará «a los fundamentos de lo que significa ser un país independiente» en pos del éxito de las conversaciones.

El Ejecutivo conservador desea tener las manos libres para decidir si respalda con una inversión estatal masiva sectores clave para la economía como el tecnológico –pese a la tradición no intervencionista de los tories–, y ve cualquier arreglo con Bruselas como un posible lastre para esos subsidios. 

Advertencias desde la UE

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que confía en que el Gobierno británico cumpla con los compromisos asumidos con la Unión Europea en el acuerdo de salida, al tiempo que ha subrayado que de ello dependerá que exista un marco de relación bilateral tras el Brexit definitivo en diciembre.

Respetar el pacto de divorcio sellado entre Londres y la UE no es solo una «obligación» de acuerdo con el Derecho Internacional, según ha subrayado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en Twitter, sino también un «prerrequisito» para mantener «cualquier tipo de relación en el futuro».

Por su parte, el negociador comunitario para la relación post-Brexit con la Unión Europea (UE), Michel Barnier, se ha mostrado este lunes preocupado por la negociación porque los británicos quieren «lo mejor de los dos mundos».

«La negociación abarca el comercio, la pesca, la seguridad, el transporte, la energía y muchos otros temas. Sigo preocupado. Esta semana no empieza la última ronda. Habrá otras a finales de septiembre y en octubre. Es una negociación difícil porque los británicos quieren lo mejor de los dos mundos», ha dicho.

Desde el Gobierno francés, han advertido de que la futura relación entre la UE y los británicos se verá afectada si Londres anula partes del acuerdo de salida de ese país de la UE.

«La cooperación futura entre el Reino Unido y la Unión es una cuestión de confianza mutua y de respeto de los compromisos adquiridos. Si esta confianza se pone en duda, las negociaciones sobre la relación futura se verán afectadas», ha afirmado una portavoz del Ministerio francés de Exteriores.