Desde EEUU a la UE pasando por Alemania, refugio hasta ayer de Alexei Navalni, Gran Bretaña y la neutral Finlandia; desde la Alta Comisaría de la ONU para los derechos humanos hasta Amnesty International (AI)… Occidente, en el sentido más incluyente del término, han denunciado con una sola voz la detención del dirigente opositor liberal ruso y han exigido su puesta en libertad inmediata, así como una investigación imparcial de su supuesto envenenamiento en agosto del año pasado.
El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, ha aprovechado su rueda de prensa anual para acusar «a los políticos occidentales» de intentar «distraer la atención de la profundísima crisis en que se encuentra el modelo liberal de desarrollo».
El opositor fue detenido el domingo nada más llegar a Moscú en un vuelo procedente de Berlín, con el argumento de que figura en una lista de busca y captura por no haberse presentado a la revisión periódica de una condena suspendida de 3,5 años de cárcel dictada contra él en 2014 y que fue declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lavrov insiste en que «se trata de cumplir las leyes rusas» y en que no hay motivo para abrir un caso penal para investigar el envenenamiento de Navalni, del que este responsabiliza directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, ya que «no encontramos nada en los análisis que sugiriesen una intoxicación con sustancias militares».
Moscú «no está satisfecho con las tendencias que observa en Occidente, cuando las élites, para tratar de alcanzar sus metas internas, buscan activamente a enemigos externos y los encuentran en Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela». Huelga decir que todos estos países han coincidido, en una foto en negativo respecto a Occidente, en no mentar el caso Navalni o, en su caso, en escudarse en que se trataría de una cuestión interna.
Lavrov repite la teoría que explica la enfermedad súbita de Navalni en clave pos-conspirativa, poniendo en duda su supuesto envenenamiento y aireando la posibilidad de que fuera un problema de salud personal o un montaje de Alemania y, por extensión de Occidente.
Navalni se desplomó en un vuelo interno y fue posteriormente trasladado en avión a Berlín para recibir tratamiento. La Unión Europea impuso en octubre sanciones contra varios altos funcionarios próximos al presidente ruso, Vladimir Putin, después de que laboratorios de Alemania, Francia y Suecia determinaran que Navalni había sido envenenado con un agente químico nervioso desarrollado por los soviéticos conocido como Novichok.
El jefe de la diplomacia rusa se escudó en su convicción de la dificultad de identificar a ese agente químico militar soviético y en la negativa de Berlín a mostrarle la tecnología analítica que le habría permitido, junto a París y Estocolmo, confirmar el envenenamiento.